El juez fija cien mil euros de fianza para el testaferro de González

La decisión del juez de la Audiencia Nacional se produjo a petición de la defensa de Rodríguez Sobrino y en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que emitió un informe solicitando que se mantuviera la prisión incondicional para el investigado, según fuentes jurídicas. La razón es que aún no ha devuelto el dinero de la comisión que cobró por la operación de Emissao -unos 900.000 dólares por la compra del 75 por ciento de la sociedad-, tal y como se había comprometido a hacer, ni el de la comisión de Ignacio González (1,54 millones), que estaban ingresados en una cuenta de Sobrino, como informó ABC.

El dinero del expresidente madrileño estaba en una cuenta abierta en Colombia y controlada por Sobrino, al que la investigación considera «testaferro» de González. Los investigadores tuvieron conocimiento de la misma y del origen de los fondos durante un viaje a Colombia al que fueron agentes de la UCO de la Guardia Civil y un fiscal Anticorrupción en cumplimiento de una comisión rogatoria internacional.

La comisión global que generó esa operación fue de 5,4 millones de dólares y además de González y Sobrino se beneficiaron de ella otros dos ex altos cargos de sociedades participadas por Inassa y un exalto cargo del Gobierno de Aznar. Cada uno habría cobrado 900.000 dólares . El dinero de las mordidas siguió una ruta por varios países que ha podido ser rastreada. Pese a que el dinero de esa comisión aún no ha llegado a la cuenta del Juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, el magistrado ha acordado la libertad bajo fianza y ha impuesto una cantidad bastante inferior a la que fijó la semana pasada para el que fue su socio Ignacio González, quien salió de prisión el 8 de noviembre tras pagar 400.000 euros con la ayuda de once fiadores.

Los investigadores sitúan a Edmundo Rodríguez Sobrino en la dirección de una operativa defraudadora mientras presidía Inassa, la filial colombiana del Canal. El pasado julio declaró durante cuatro horas ante el juez García Castellón en un aparente cambio de estrategia en la que parece estar colaborando con la investigación. En dicha comparecencia, el investigado esclareció temas relacionados con sus negocios en Colombia, donde se encontraron 262.000 euros ocultos en un apartamento de Barranquilla.

Los investigadores han determinado «la existencia de un extenso patrimonio» a su nombre o al de su hija, también investigada, dentro y fuera de España (Reino Unido, República Dominicana y Colombia) y que supuestamente fue adquirido con los beneficios «de aquellos anómalos negocios ».