El juez del caso Dina denuncia que el Gobierno le pone en el punto de mira

El escrito, remitido ayer al presidente del CGPJ Carlos Lesmes, explica que «desde algunos ámbitos» y en redes y medios de comunicación se siembra la idea de que esa resolución judicial «no es fruto de la convicción jurídica» de quien la firma, «sino el resultado de una suerte de estrategia política de mayor alcance que buscaría debilitar» a Podemos, en este caso.

La gravedad está en que, conforme señala el juez, «estos mensajes son repetidos y amplificados por muchos de los dirigentes, entre ellos algunos miembros del Gobierno de la Nación». «Desde la visibilidad propia del papel institucional que representan y la atención que reciben de los medios, señalan de forma directa a este magistrado y sabiendo la repercusión que sus palabras pueden tener, le colocan intencionadamente en una situación de absoluta indefensión y descrédito profesional», expone.

García Castellón, que ha optado por esta vía en lugar de solicitar amparo formal, entiende que lo que ahora se traduce en un ataque directo a su persona se interpreta por extensión como un desprestigio de toda la Justicia porque, conforme explica, busca también «intimidar y condicionar la decisión» que otros magistrados puedan adoptar sobre las mismas personas.

La exposición razonada, que solicitaba la imputación de Iglesias por delitos de revelación de secretos, daños informáticos y denuncia falsa o simulación de delito levantó el miércoles porlvareda. Pablo Iglesias, principal afectado, declaró en RAC1 que ve «inconcebible» acabar imputado en el Supremo y añadió: «La derecha de este país está dispuesta a utilizar todo tipo de medios, legales e ilegales, para hacer caer a este Gobierno» .

El portavoz de su grupo parlamentario, Pablo Echenique, fue en la línea: «Contra Pablo Iglesias vale todo. Lo de siempre: hay que destruir a los que suben el salario mínimo y quieren poner un impuesto a la riqueza con la artillería que haga falta », dijo en Twitter. En declaraciones a Cuatro, añadió: «Estas opiniones republicanas molestan demasiado en determinados ámbitos». El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, también fue crítico: « Tengo claro contra quién se va, pero no qué se pretende proteger », apuntó en un acto, tras lamentar que habiendo presentado el Gobierno un plan de recuperación, le preguntasen por « un derrotero con un recorrido muy escaso».

La primera «consecuencia evidente» de este ataque inédito para él en 42 años de carrera la encuentra García Castellón en una batería de comentarios injuriosos, cuando no amenazantes, registrada en las redes sociales alimentando la tesis de que el juez prevarica por oposición ideológica a Podemos.

La Comisaría General de Información de la Policía Nacional ha abierto ya una investigación, pues el juez les advirtió de que algunos llegaban a proferir amenazas a su «integridad física» e «intromisiones ilegítimas contra el honor y la dignidad personal». Para García Castellón, el objetivo es «constreñir de una forma grave e intolerable» su ejercicio profesional y «un ejemplo vivo de lo que puede suceder a quien tome decisiones no alineadas».

Conocida su denuncia, las principales asociaciones de jueces consultadas por ABC censuraron estas conductas como un ataque a la independencia judicial. Reclaman respeto.

No es la primera vez que García Castellón afronta presiones. En sus manos tiene algunos de los asuntos de más enjundia en la actualidad, como la trama Púnica de corrupción en el PP -tiene imputada a Esperanza Aguirre- o el caso Villarejo, que en su vertiente Operación Kitchen se traduce en la imputación del exministro Jorge Fernández Díaz, el secretario de Estado y varios mandos de la Policía de su época.

Ha superado peticiones de recusación y denuncias de investigados ante diversas instancias que quedaron en nada. Sin embargo, dice que no se ha visto en otra en su carrera: son miembros del Gobierno y de un partido que lo sustenta quienes le ponen en la diana.

Este viernes, la cofundadora de UPyD Rosa Díez remitió un escrito a las instituciones europeas en el que trasladaba la denuncia al CGPJ de García Castellón. «La situación es de tal gravedad en términos democráticos que es preciso y urgente que Europa y sus autoridades conozcan lo que está ocurriendo en España», reza su carta.

«Cuando un juez, en el ejercicio de su responsabilidad y de sus funciones, es amenazado por miembros del Gobierno y de los partidos que lo sustentan por instruir casos que les implican en graves actos de corrupción es que algo muy peligroso está ocurriendo en España», añade la misiva.