Los jueces rechazan el intento de Mónica Oltra de deslegitimar al tribunal que la ha imputado

Este viernes llegó a asegurar que los procesos judiciales, como en el que ya está imputada , «no cambian la realidad ni la verdad» de lo que, según ella, ha ocurrido en este caso, por el que su ex fue condenado por abusar de esta menor cuando tenía 14 años y estaba tutelada justo por el departamento que dirigía la propia Oltra. Las asociaciones judiciales han valorado para ABC sus ataques al TSJ tras ser imputada. Coincidiendo en la presunción de inocencia a la que tiene derecho la vicepresidenta valenciana, todos los colectivos de jueces defienden que, si ha sido imputada, es porque hay indicios para ello.

La presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), María Jesús del Barco, afirma que el TSJ es «completa y absolutamente independiente » y que la imputación de Oltra está «razonada y motivada». Defiende la presunción de inocencia de ésta «como de cualquier persona» y apunta que «sería bueno que los políticos no olvidaran este derecho cuando es la otra parte la afectada». La propia número dos de Ximo Puig se niega a dimitir ahora cuando ella misma se lo ha exigido a otros por casos menos graves y sin estar siquiera imputados.

El portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Jorge Fernández Vaquero, afirma: «Ya estamos un poco cansados de que cada vez que algunos políticos tienen que someterse al escrutinio de la Justicia se defiendan atacando al sistema judicial». Y más cuando lo hacen desde cargos como los de vicepresidenta, portavoz y consejera autonómica que ostenta Oltra. «La primera obligación de una persona con responsabilidad institucional es creer en las instituciones», recuerda Fernández Vaquero.

El presidente de Foro Judicial Independiente (FJI), Fernando Portillo, discrepa «profundamente» de que la resolución del TSJ tenga cualquier relación con la «extrema derecha», como sostiene Oltra: «Si el juez considera que existen indicios contra ella, es después de una instrucción, de oír a los implicados y de estudiar las diferentes pruebas que se le han presentado». Añade que «no hay que darle mucha credibilidad» a estas acusaciones, que Portillo compara con «el alumno que dice que suspende porque el profesor le tiene manía».

La portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Ascensión Martín, enmarca las declaraciones de Oltra en su derecho «a la libertad de expresión y de defensa» para «tratar de justificar su imputación». Sin embargo, coincide en que esa resolución «está motivada» y en la «imparcialidad» del TSJ , mientras Oltra repite que ha sido imputada pese a que «no hay ninguna prueba» contra ella.

El auto del TSJ valenciano no es el único que ha puesto el foco en la gestión que la consejería de Oltra hizo sobre los abusos de su ex. A lo largo de más de un año, se cuentan otros cinco pronunciamientos similares, todos ellos a partir de una sentencia de la Audiencia de Valencia, que condenó al agresor a un lustro en prisión .

Ese fallo de marzo de 2021 fue el primero en señalar «la hostilidad y absoluta falta de empatía hacia la víctima que se trasluce en los informes aportados y que se elaboran por quienes, paradójicamente, estaban llamados a protegerla». Cuando el caso ya estaba en manos de los tribunales, apunta el fallo, se optó por practicar una «'instrucción' paralela» de la que se extraen unos documentos que «podrían estar animados por un interés de exculpar o aminorar una eventual responsabilidad de la Generalitat».

Lo mismo concluyó el TSJ al ratificar la pena al educador. Además, la Sala de lo Civil y lo Penal indicó en mayo del año pasado, tras una querella interpuesta por la cofundadora de Vox Cristina Seguí , que estaba totalmente justificado «el inicio de una investigación penal dado lo sospechosa que resulta la actuación del personal directivo y técnico de la Conselleria».

Todo ello desembocó en la apertura de una causa en el Juzgado de Instrucción número 15, con trece investigados, en la que el juez –así como la Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana– pusieron de relieve los indicios que apuntan a que fue Oltra, a través de una orden verbal, quien estableció «un plan » para que todos los implicados mantuvieran la misma versión exculpatoria de la Consejería.