Mónica Oltra, imputada por la gestión de los abusos de su exmarido a una menor tutelada

La Sala de lo Civil y lo Penal se ha declarado competente para investigar a la consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas y a trece cargos y funcionarios de este departamento autonómico ante los indicios de presunto encubrimiento del educador Luis Ramírez Icardi, condenado a cinco años de prisión y a la espera del recurso en el Supremo.

En un auto notificado este jueves a las partes, el alto tribunal sostiene que la exposición razonada elaborada por el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia relata «una serie de indicios plurales que en su conjunto hacen sospechar la posible existencia de un concierto entre la señora Oltra y diversos funcionarios a su cargo, con la finalidad, o bien de proteger a su entonces pareja, el señor Luis Ramírez Icardi , o bien proteger la carrera política de la aforada». Por ese motivo, la cita a declarar el próximo 6 de julio .

«Lo trascendente es la pantalla dispuesta con el fin de evitar contribuir a la debida investigación de los hechos y proteger como era su deber a la menor, evitando la victimización secundaria que ha provocado el tratamiento que se dio a su denuncia», detalla la Sala en su escrito. Pese a que «no existe prueba directa que vincule esos singulares trámites con la aforada», añaden los magistrados, sí existen «una serie de declaraciones públicas» de la portavoz del Gobierno de Ximo Puig en las que se atribuye la orden de abrir un expediente «reservado», que se utilizó -según el instructor- para desacreditar a la víctima. Aunque ahora se desvincule de esas afirmaciones, explican, «no por ello deja de ser un elemento a considerar».

Del mismo modo, también califican como «increíble» que algunos de los imputados aseguraran que conocieron la relación de Oltra con el agresor por la prensa, cuando la consellera comunicó «tanto oralmente como por escrito» su relación con Luis Ramírez Icardi al inicio del mandato, por su condición de educador en un centro de menores concertado, el mismo en el que vivía la víctima. Argumenta, asimismo, que incluso la menor conocía de este parentesco cuando denunció los hechos en junio de 2017 ante dos agentes de la Policía Nacional.

Esta circunstancia, «hace sospechar igualmente que en contra de lo afirmado conoció estos hechos desde el principio , bien por comunicación de alguno de sus subordinados, bien por sencillamente comentárselo su marido, con quien no olvidemos en esos momentos convivía». Oltra ha incidido siempre en que no supo de lo ocurrido hasta que llegó a su casa, el 4 de agosto de ese mismo año, una notificación judicial con la orden de alejamiento del agresor sobre la víctima.

El TSJ entiende por tanto que resulta procedente incoar diligencias previas, de las que será instructor el ponente de esta resolución, el magistrado Antonio Ferrer, «con el fin de investigar hasta qué punto esa sospecha inicial tiene la entidad suficiente como para permitir que el proceso pueda continuar su curso ordinario».

La Sala asume la causa en su integridad , es decir, también en lo relativo a los otros trece investigados, entre los que figuran altos cargos de la Conselleria y trabajadores del centro de menores Niño Jesús de Valencia donde ocurrieron los hechos, al considerar que existe en este momento en todos ellos «una conexidad inescindible» .

Junto al auto por el que asume su competencia y se acuerda la incoación de diligencias previas, el Tribunal ha notificado una providencia por la que cita a declarar a la aforada como investigada el 6 de julio a las 10 horas.

La Fiscalía consideró, en un extenso escrito tras la exposición eleva al TSJ por el juez instructor, que la gestión de la dirigente de Compromís y su equipo de la Conselleria podría ser constitutiva de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos . De hecho, la fiscal atribuye íntegramente a Oltra el presunto delito de prevaricación al entender que fue ella quien ordenó abrir una investigación paralela a la judicial -cuando se enteró en agosto de lo ocurrido porque un juez ya había decretado una orden de alejamiento del agresor sobre la víctima- para «desvirtuar la credibilidad de la menor».

El expediente reservado, que exculpaba al agresor, se envió en diciembre al Ministerio Público, pero se traspapeló y obligó a repetir parcialmente la vista oral contra Icardi con idéntico resultado.

La causa tiene su origen en el fallo contra Icardi de la Audiencia de Valencia y su ratificación en el TSJ. Ambos incidían en el desamparo de la menor por parte de quienes tenían que protegerla y la existencia de una investigación «parajudicial». Tanto la defensa de la víctima -ejercida por el lider de España 2000-, como la asociación presidida por la cofundadora de Vox Cristina Seguí, llevaron el asunto a los tribunales. La formación de Santiago Abascal también está personada como acusación popular. Esta circunstancia ha servido a Oltra para definir el caso como «una cacería de la extrema derecha» , ante las peticiones de dimisión o cese de la oposición.