La «inseguridad» de Puigdemont en España: escolta gratis y de por vida

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La destitución de un cargo público, caso de un presidente autonómico o de sus consejeros, conlleva la retirada de los dispositivos de asistencia personal ligados al puesto. Pero quienes dejan de ser presidentes autonómicos en Cataluña disfrutan de unas prerrogativas especialmente ventajosas, no solo en la política regional sino también en la estatal.

Así, además de seguir cobrando el 80% del sueldo de presidente durante cuatro años tras dejar el cargo - más de 9.000 euros de sueldo bruto mensual -, de garantizarse una pensión vitalicia de postín al cumplir los 65 años -casi 7.000 euros mensuales- y otras prebendas económicas y protocolarias, Puigdemont tiene a su servicio un dispositivo personal de seguridad pagado desde la Generalitat. Por tanto, facilitado por el Estado. No tiene más que pedirlo.

La escolta es uno de los derechos que tienen reconocido todo expresidente del Gobierno catalán: «los servicios de seguridad necesarios para el desarrollo de sus funciones», dice la normativa reguladora. Es decir, se trata de un dispositivo de seguridad a la medida de cada expresidente.

Durante sus menos de dos años como presidente regional, Puigdemont no ha escatimado en escoltas. Quedó de manifiesto en sus viajes oficiales por el extranjero . Destaca en este particular el que hizo a Perpiñán el pasado 23 de junio -ida y vuelta en el día-, en el que se hizo acompañar por siete mossos d'esquadra como servicio de seguridad: un jefe de dispositivo y seis agentes.

Además, Puigdemont también tiene a su disposición un coche oficial pagado con fondos públicos, y un chófer particular cuyo sueldo se costea también con cargo al presupuesto de la Generalitat.

Eso sí, para acceder a esas prerrogativas, Puigdemont debe regresar a España, y asumir que ha dejado de ser presidente de la Comunidad autónoma. Y, de paso, responder ante el Estado de Derecho.