El Gobierno acusa a Ayuso de provocar la decisión del TSJM para forzarles a aplicar el estado de alarma

Este estado de alarma no se parecerá al escenario del mes de marzo, sino que lo que se pretende es dar "una nueva cobertura legal" a las medidas de limitación de la movilidad que se habían impuesto la pasada semana mediante una orden ministerial, tras la decisión del Sistema Nacional de Salud del pasado 30 de septiembre, que ayer fueron parcialmente tumbadaspor el Tribunal Superior de Justicia de Madrid aduciendo que no se amparaban en la herramienta jurídica adecuada.

En este punto, Illa ha acusado a la Comunidad de Madrid de haber promovido el varapalo judicial del día de ayer. El ministro de Sanidad ha explicado públicamente un argumento que ya se trasladaba desde su entorno en el día de ayer. Y es que en hasta siete ocasiones la Comunidad de Madrid se ha dirigido a los tribunales para solicitar aval a sus medidas de limitación de la movilidad. "En seis hubo pronunciamiento favorable invocando la Ley General de Salud Pública de 1986. En la última no ha invocado esta norma. Son las comunidades autónomas las que lo han solicitado", ha dicho a Illa culpando a la Comunidad de Madrid de haber forzado esta situación: " Estamos donde estamos porque algunos han querido llegar aquí . El Gobierno ha hecho lo que tenia que hacer".

Finalmente la comparecencia de los ministros ha tenido algo más de dos horas después del inicio de la reunión. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha justificado la decisión del Gobierno y su negativa a conceder más tiempo a la Comunidad de Madrid en la situación excepcional que se abre desde esta tarde y por el festivo del lunes 12 de octubre: "Hay que evitar que en este puente se difunda el virus sin control". En este sentido, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado que de forma inmediata se desplegarán más de 7.000 agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil para establecer controles de entrada y salida en los nueve municipios afectados por esta restricción.

Illa ha realizado un relato cronológico de los hechos, parcial, para intentar demostrar que el Gobierno quería un acuerdo. Y ha cargado duramente contra Isabel Díaz Ayuso: "La presidenta de la Comunidad de Madrid ha decidido no hacer nada" . Illa se ha preocupado en aclarar una vez más que con el estado de alarma no se incluirán nuevas medidas sino que simplemente se restauran con otro marco jurídico las que ayer anuló el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El ministro de Sanidad se ha mostrado exasperado con la gestión de la Comunidad de Madrid. Ha dicho que "la paciencia tiene un límite" y ha criticado el diagnóstico respecto a la Comunidad de Madrid porque "en Madrid no hay solo brotes sino transmisión comunitaria", y ha denunciado que el sistema sanitario podría encaminarse hacia el colapso. Ha vuelto además a cuestionar sus datos porque dice que acumula un 48% del retraso en las notificaciones. También ha cuestionado que la región no aceptase sus demandas: "Nuestras recomendaciones no fueron oídas. Se tiene que actuar para proteger la salud de los madrileños y de los españoles”.

El estado de alarma estará en vigor durante 15 días naturales. Para extenderlo hará falta el aval del Congreso de los Diputados. El Gobierno no tiene claro que vaya a tener una mayoría en el parlamento para poder ampliarlo, por eso por el momento se plantea de momento que esté vigente tan solo estos 15 días. Según Illa, con estas más de dos semanas de vigencia unidas a la semana que ya venían estando vigente las medidas de control. Illa ha apuntado a que las restricciones se puede lograr una estabilización con medidas en el marco de la Ley Orgánica 3/1986. Se traslada así a Díaz Ayuso.

Con estas limitaciones ahora ya no serán diez ciudades las afectadas, sino nueve: Madrid, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla y Torrejón de Ardoz. Sale de la lista Alcalá de Henares,ya que su incidencia acumulada ha bajado el umbral de 500 positivos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, según ha explicado Illa. Al cierre perimetral de estos municipios se mantendrán las medidas que el TSJM no cuestionó: en toda la región se prohibirán los grupos de seis personas o más salvo que sean convivientes, se limitan los aforos al 50% y con hora máxima de cierre a las 22.00 en el comercio; en hostelería, el aforo se reduce a la mitad en interiores y será del 60% en terrazas. A las once de la noche deberán cerrar. Se prohíbe el consumo en barra, se limita el aforo en lugares de culto a un tercio y en los velatorios solo podrá haber 10 personas en interiores y 15 en exteriores.

Al contrario que en el mes de marzo, el decreto de alarma no designa a ningún miembro como autoridad delegada, al contrario que sucedió en marzo cuando los ministros de Sanidad, Defensa, Interior y Transporte asunieron este papel. Y no habrá esa figura porque, ha dicho Illa, no está previsto tomar más medidas sino garantiza el cumplimiento de las ya acordadas. En caso de que alguna ciudad de las afectadas mejores su situación y se decida que ya no se le aplican las limitaciones la decisión la tomará el Consejo de Ministros.