El «gen» Iceta pone en guardia a las CCAA: «Le pedimos visión nacional»

Los barones del PP le reconocen su talante dialogante pero no se fían. «Es como poner a un negacionista al frente de la lucha contra la pandemia», traduce el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno , quien esboza el rechazo mayoritario a una futura reforma del modelo territorial para, básicamente, contentar a Cataluña. Si Andalucía –entonces gobernada por el PSOE– lideró la resistencia al inicio de la democracia par a evitar la división entre regiones de primera y de segunda , hoy son fuerza mayoritoria las que avisan de que no consentirán más desigualdades. Vermú para nadie.

Los dirigentes del PP –también Vox y Ciudadanos– le tienen cogida la matrícula a Iceta. «Lo prioritario es saber si sigue pensando que en España hay ocho naciones o qué», asegura a ABC la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso . El líder del PSC siempre defendió que existen «ocho naciones, nueve si se cuenta Navarra». Además, ha abogado por un referéndum pactado sobre la independencia de Cataluña, amén de indultar a los líderes del «procés». Su historial inquieta.

«Nunca ningún ministro de Administraciones Públicas del PSOE o del PP ha tenido la idea de nación de naciones y la idea de un referéndum de independencia de una parte de la Nación española como la ha tenido el secretario general del PSC», destaca Alberto Núñez Feijóo . Galicia, «comunidad histórica», también vigilante.

Pero aún más esclarecedor es que algunos barones autonómicos del PSOE «crítico» supuran recelo hacia su compañero del PSC, al que de forma elegante le piden que cambie el traje catalanista y se ponga el del Estado.

Guillermo Fernández Vara admite que ver a Iceta a los mandos de Política Territorial genera inquietud, aunque confía en que su «experiencia previa en Madrid» (estuvo en el último gabinete de Felipe González, en 1995), le centrará en su nueva tarea. «Conoce muy bien lo que es el Gobierno de España. Es sin duda una apuesta arriesgada. Pero puede salir bien para Cataluña y para España», afirma el líder extremeño, informa Víctor R. Almirón. Vara destaca que hallará «apoyo» de las regiones del PSOE y cree que «será respetado» por las del PP, «por su empatía». Y que pacificará Cataluña.

Los de Emiliano García Page matizan que le juzgarán como ministro, no por su trayectoria anterior en el PSC, muy criticada. Por eso insisten en que Iceta debe tener una «visión nacional, de Estado» que evite desarreglos territoriales. «Le reconocemos su capacidad política e intelectual para adaptarse a su nueva responsabilidad que requiere, fundamentalmente, de una visión de conjunto, de toda la Nación y de todo el Estado», señalan fuentes de la Presidencia en Toledo.

Lo que todos tienen claro es que hoy la prioridad absoluta es mejorar la «cogobernanza» con el Estado y que las autonomías accedan a más recursos legales y económicos para contener la pandemia. Es lo urgente y lo importante también en la agenda del nuevo ministro. Pero Iceta aterriza en Madrid con una obsesión íntima: arreglar el problema catalán buscando un nuevo «encaje» a Cataluña. A la espera de que las elecciones del 14-F aclaren el panorama, si es que eso es posible, el Ejecutivo volverá a convocar la «mesa de diálogo» con la Generalitat, que lleva sin reunirse desde febrero por el estallido del Covid-19.

La propuesta de Sánchez para intentar devolver al independentismo al carril autonomista es un nuevo Estatuto engordado para intentar saciar al independentismo. «Una solución pactada», proclama Iceta, que abordará desde Madrid la revisión del modelo de país. Es elocuente que, en su toma de posesión del cargo, los titulares destacaran su compromiso por cumplir (y hacer cumplir) la Constitución. Explica las dudas que siembra el Gobierno de España tras la apuesta estratégica de Sánchez y de Iglesias de confiar su mayoría a ERCy Bildu.

Iceta es un firme promotor de la teoría de que hay que «desjudicializar» la política –como si la ley no fuera el campo neutral que a todos ampara–. Y es clave porque va a tener en su mano la decisión de recurrir o no cuando una comunidad legisle fuera de la ley. Ahí habrá que poner la lupa.

Ya en junio de 2018, nada más acceder Sánchez a La Moncloa, le envió una lista con una decena de leyes catalanas que rebañaban las competencias del Estado y que el Gobierno de Mariano Rajoy recurrió. La normativa «salvable» a ojos del PSC versaba sobre materias económicas y sociales; desde luego no las leyes de desconexión. Iceta defendió la retirada de los recursos para renegociar las normas en el marco de la comisión bilateral, que ahora presidirá como ministro. Lo mismo ha ocurrido con otras comunidades, como el País Vasco o Navarra. «Rebajar la litigiosidad», lo llaman.

Volviendo a lo inmediato, el ministro tiene sobre la mesa un documento muy avanzado con el compromiso de Sánchez al PNV para «completar» el Estatuto vasco de Guernica. El flujo de mayor poder al País Vasco será constante en los próximos quince meses, empezando por las Prisiones o la cesión del Ingreso Mínimo Vital (IMV), ambos traspasos previstos para marzo. «El Ministerio no puede convertirse ahora en el desmadre» , alertan desde el PP, que rechaza que España siga descentralizándose.

Otra clave para comprender el aterrizaje de Iceta en Política Territorial es que el PNV ha recibido con alborozo al ministro , nada habitual:«No es nacionalista ni soberanista, pero nos entiende», señala Andoni Ortuzar, convencido de que el todavía líder del PSC le imprimirá su sello «plurinacional» a la ansiada reforma del Estado. Pero tras la bendición, llega el aviso:«se va a encontrar al enemigo en casa». Los nacionalistas señalan a los funcionarios del Ministerio más celosos en la defensa del Estado frente al nacionalismo centrifugador: «La casta funcionarial recentralizadora» .

Es seguro que la relación privilegiada con Iñigo Urkullu hará mella en otros líderes autonómicos, que piden igualdad aunque eso, con el Estatuto vasco en la mano, sea imposible. El País Vasco espera asumir una treintena de materias nuevas en quince meses , y el agravio comparativo será grande. Navarra, gobernada por PSOE, Podemos y Geroa Bai (PNV) también gestionará el IMV y tiene amarrado el traspaso de la competencia de Tráfico –que pasa de la Guardia Civil a la Policía Foral– y de la sanidad penitenciaria.

En la pedrea está la Comunidad Valenciana, que ha recibido bienes inmuebles para vivienda social, o Baleares, que espera la competencia de Costas. La Rioja aspira a un acuerdo bilateral, invocando el artículo 46 de su Estatuto, para compensar los agravios por la desarmonización fiscal. Ésa será la madre de todas las batallas entre las comunidades, que ha comenzado con el compromiso presupuestario de Sánchez a ERC de que revisará la fiscalidad de Madrid , para subirla. Y mientras tanto, el Estado sigue, siete años después, sin abordar la reforma de la financiación autonómica.

Ximo Puig, que puja como el que más para revisar el modelo, bendice a Iceta. «Estoy seguro de que centrará la atención en todos los territorios y aportará un enfoque que permita abordar la cuestión de manera desapasionada y sin identitarismos», sostiene el presidente de la Comunidad Valenciana. A su favor, añade: «Es un firme convencido de trabajar por la igualdad entre los ciudadanos y por el respeto a la singularidad de los territorios. Y esta visión es fundamental».

Opina similar la presidenta de Baleares, Francina Armengol : «Iceta tiene una visión plural y periférica del Estado que puede hacer que otras comunidades también tengan más peso, como las del arco mediterráneo», destaca haciendo liga con Puig.

La mandataria de La Rioja, Concha Andreu , cree que«Iceta es la persona adecuada para no confundir diferencia con desigualdad» y espera que no haya agravios comparativos.

Miguel Ángel Revilla , presidente de Cantabria, que pidió su voto por Iceta en las catalanas de 2017, ensalza al ministro como un hombre «dialogante y de gran bagaje político» y al PSC como el «único partido con peso electoral allí» capaz de hallar una salida al conflicto. «Algo habrá que negociar en un nuevo Estatuto, con competencias o concesiones terminológicas», afirma el líder regionalista. Aunque, matiza, «reforzando siempre los mecanismos de solidaridad» entre autonomías.

Los dirigentes de Castilla y León y de Murcia, del PP, reclaman cohesión territorial e igualdad. «Espero que tenga la ecuanimidad que se exige a un ministro de España y atienda con equidad las reivindicaciones de todas las comunidades, sin diferencias ni preferencias», señala Alfonso Fernández Mañueco . «Que trabaje por una España que sume será la mejor expresión de un país fuerte capaz de aparcar sus diferencias ante los graves desafíos», concluye Fernando López Miras .