La Guardia Civil califica a Roures como «el elemento capital en la difusión del mensaje independentista»

La investigación ha acreditado que ese comité estaba compuesto por los entonces presidente y vicepresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras ; los líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart , respectivamente, y la presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), Neus Lloveras. Los agentes de la UCO ponen a Roures a este nivel debido a que «los máximos responsables del movimiento independentista son conscientes de que en sus acciones de comunicación contundentes juegan un papel fundamental los medios de comunicación social». Por ello, decidieron «contar con el soporte de un proveedor de servicios audiovisuales de la entidad Mediapro», que «permitiría difundir el mensaje soberanista a un público mucho mayor».

Para sostener estos argumentos, la Policía Judicial analiza una serie de llamadas telefónicas y los trabajos realizados por Mediapro en el contexto de proceso independentista. El informe que el juez Llarena ha trasladado a las partes recoge que «fue Mediapro quien produjo el vídeo 1-O difundido por la cadena de televisión TV3 (la autonómica catalana) en el que se narraron los acontecimientos relacionados con el referéndum, se enaltecieron a las personas que fueron capaces de hacerlo efectivo y se difundieron los mensajes que interesaban a la causa independentista».

La Guardia Civil destaca que «siendo Mediapro un proveedor de servicios para todos los canales estatales, únicamente ese documental fuese emitido en el canal autonómico». Con ello desgranan el « soporte mediático » que la productora de Roures dio al «procés», incluido «el centro de prensa que habilitó el 1 de octubre desde donde el Gobierno catalán fue dando las ruedas de prensa informando sobre el desarrollo y el resultado del referéndum ilegal».

El objetivo del Comité Ejecutivo independentista era, a juicio de la Guardia Civil, «la movilización de la totalidad de la sociedad catalana que comulgaba con las tesis soberanistas y que esta movilización fuese de tal envergadura que pudiese arrastrar a lamasa de indecisos hacia sus intereses independentistas».

El informe cita tres llamadas telefónicas que darían a Jaume Roures el citado papel del liderazgo propagandístico . En la primera de ellas, el periodista Sergi Sol telefonea a Josep Maria Jové y le habla del «documental que tenía que hacer este señor (...) en referencia a Jaume Roures».

En la segunda, el 7 de agosto a las 08:50 horas, es Jové quien llama a Sol y le comenta que el economista y fundador del diario «Ara», de corte independentista, Oriol Soler le había preguntado «si tenía negocios con el abuelo, que podría referirse a Jaume Roures». En la tercera comunicación, registrada catorce minutos después, Oriol Soler llama a Josep Maria Soler para decirle que tenía que entrevistarse con Sànchez y Cuixart y después hablaría con Roures.

Jaume Roures mostró su sorpresa tras conocer el informe y aseguró que no hay «argumentos» para esas acusaciones: «Hacen unas conexiones y explicaciones que ni los niños pequeños harían», indicó en TV3.

El grupo audiovisual Mediapro califica como « un atentado contra la libertad de creación, expresión y pensamiento » el informe de la Guardia Civil que sitúa a su presidente, Jaume Roures, como posible integrante del «comité ejecutivo» que dirigía el proceso independentista.

Según destaca el grupo audiovisual en un comunicado, el informe, remitido al juez del Supremo Pablo Llarena, adjunta un DVD con el documental «1-O», producido por esta compañía, «como prueba de la implicación de Jaume Roures y Mediapro en la conspiración para proclamar la independencia de Cataluña».

En este sentido, Mediapro considera « extraordinariamente grave y un insólito ataque a las libertades de creación, información y pensamiento que la producción de un documental sea considerado por la Guardia Civil una prueba delictiva».

«Dichas libertades -continúa la nota de Mediapro- contempladas en la Constitución, amparan a cualquier ciudadano y exigimos que sean respetadas también para los profesionales que realizaron '1-O', atendiendo al evidente interés informativos de los hechos ocurridos el 1 de octubre de 2017».

Para Mediapro, «criminalizar el documental y su contenido es un intento claro de acallar» las voces de las personas que participaron en el referéndum del 1 de octubre, mientras destaca que la emisión de «1-O» registró un récord de audiencia , con más de 1.100.000 espectadores en TV3 y una cuota de pantalla del 34'4%.

Mediapro «tampoco entiende que se pueda considerar un delito la organización de un centro de prensa para acoger a los medios de comunicación desplazados a Barcelona con motivo del 1 de octubre, y ofrecer estas instalaciones a todas las partes implicadas », y recuerda en el comunicado que solo la mitad de las comparecencias correspondieron a miembros del Govern.