Un hombre trabaja en un taller de piezas de un Centro especial catalán
Un hombre trabaja en un taller de piezas de un Centro especial catalán - Abc
Los daños colaterales del «procés»

El Govern dejó sin pagar 16 millones a 5.000 discapacitados

La exconsejera Bassa ignoró la ley y recortó a la mitad la ayuda a los trabajadores de Centros Especiales

MadridActualizado:

El 3 de diciembre fue el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, un colectivo que, como los demás, también tiene derecho a trabajar. Pues bien, lejos de estar de fiesta, hay miles de discapacitados en Cataluña a los que la Generalitat les debe dinero. Concretamente una subvención de 16 millones de euros destinada a pagar parte de sus nóminas y cuya cuantía, además, fijó por debajo de lo que establece la ley. Los afectados son los discapacitados físicos y sensoriales que trabajan en los Centros Especiales de Empleo (CEE) de la región, alrededor de 5.000 personas.

«Si tienes todo el día la cabeza en un sitio, no la puedes tener en otro y el último Gobierno de Cataluña sólo pensaba en la independencia». Sólo así se explica José Antonio Canillas, director gerente del CEE L’Horitzó, que, a finales del mes de noviembre, no se hubiera repartido una subvención destinada a financiar las nóminas anuales de los discapacitados que trabajan en centros como el suyo. La situación colapsa la tesorería de estas instituciones, el principal caladero de trabajo para ellos.

Sistema complejo

«Siempre digo que nuestro primer objetivo no es vender pescado en conserva, sino insertar discapacitados en el mundo laboral», cuenta a ABC Jaume Grau, socio fundador de la «Factoría del Mar», una conservera donde trabajan 55 personas, todas ellas con alguna discapacidad. «Menos una, el gerente, que es un chaval nuevo», especifica Grau, cuya compañía se ha tenido que endeudar para pagar a sus trabajadores.

El panorama de las subvenciones en Cataluña es complejo. Según los datos facilitados por la Consejería de Trabajo, Asuntos Sociales y Empleo, la Generalitat ha dedicado en 2017 unos 80 millones a fomentar el empleo de discapacitados. Según sus cálculos, 45 millones proceden de una transferencia estatal que se utilizó, como señala Julio Martínez, presidente de la Federación de Centros Especiales de Trabajo de Cataluña (FECETC), para pagar «parte de las nóminas» de una parte de los 15.150 discapacitados que trabajan en los CEE. Desde Cataluña puntualizan que tuvieron que adelantar este dinero porque el Ministerio de Empleo, con quien este medio ha tratado de contactar sin éxito, aún no habría realizado la transferencia.

Los 35 millones restantes proceden de las arcas catalanas y de ahí sale un programa de subvenciones de 33 millones de euros que se convocó tres días antes del 1-O y que todavía no se ha resuelto (ni cobrado, claro). Este programa se divide a su vez en dos líneas que también sirven para pagar parte de las nóminas de los trabajadores discapacitados. La primera, de 17 millones pagará el 50% del SMI de los discapacitados de «especiales dificultades» que no hayan podido recibir una ayuda de los fondos nacionales.

Y el problema llega aquí, con la segunda línea, cuantificada en 16 millones que, contra lo que enuncia la ley de la discapacidad, otorgará el 25% del SMI -la mitad de lo decretado- a todos aquellos discapacitados físicos y sensoriales -con un grado reconocido entre el 33% y el 65%- que no hayan recibido dinero de otras subvenciones. En Cataluña, según los datos -actualizados a 31 de diciembre de 2016- a los que ha tenido acceso ABC, hay 5.239 personas que cumplen el último requisito. Por ello, Martínez habla de «agravio comparativo» entre los discapacitados a los que el Govern paga lo que por ley les corresponde y los que no.

«Estos trabajadores no han percibido ninguna mensualidad de la ayuda del 50% de su SMI. Están contra las cuerdas», denuncia Martínez, quien especifica que en Cataluña hay «210 centros especiales de empleo». «Nunca antes» –dice– se había llegado a estas alturas del año sin percibir dinero público para pagar los salarios.

Consecuencias

«Algunos centros no están pagando las nóminas y otros están hasta con EREs», expone Martínez, quien critica a los artífices de la distinción entre discapacitados de primera y de segunda en Cataluña. Se refiere a la exconsejera Dolors Bassa –en prisión hasta el pasado lunes– que aprobó la reducción de la aportación a una parte del colectivo hasta el 25% del SMI con las federaciones DINCAT, AMMFEINA SMC, AEES DINCAT, Forum Salut Mental y CETIP, según la nota de prensa de la Generalitat.

Hoy no hay Gobierno, el porcentaje de la ayuda ha rebasado el umbral legal mínimo y, a juicio de Martínez, las ayudas no van a servir para sostener los sueldos de trabajadores como José Carrera quien, tras sufrir de niño un accidente de tráfico, presenta daños mentales y físicos. Tiene reconocido el 36% de discapacidad y lleva casi ocho meses trabajando en el CEE de L’Horitzó. «Doy gracias por que me hayan dado esta oportunidad». «El futuro es bastante oscuro», vaticina Martínez.