El Gobierno usa el veto para frenar la ofensiva de la oposición en el Congreso

Estas resoluciones del Pleno se unen a la luz verde que la semana pasada recibió en el Congreso la propuesta de subida del salario mínimo, también con el voto en contra del PP. Una demostración de poder que la oposición exhibe en las últimas semanas en otros asuntos como en el veto al nombramiento del exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, como presidente de la Comisión de Exteriores.

Más allá del diálogo y la negociación, el Gobierno tiene pocas herramientas para impedir que la capacidad legislativa se le escurra de las manos en el Congreso. Pero una de ellas es el veto parlamentario. Esto es, la capacidad que le otorga la Constitución para impedir la tramitación de toda iniciativa que suponga aumento del gasto o disminución de los ingresos presupuestados para el ejercicio. Y no está dudando en utilizarla.

La última vez, este lunes a por la tarde, cuando envió un informe jurídico a la Mesa del Congreso para impedir la calificación de una proposición de ley del PSOE secundada por Podemos, ERC, PNV y el PDECAT para la aplicación de una subida de las pensiones del 1,2 por cuento a partir del próximo 1 de enero. En el citado informe, el Ejecutivo advierte que la medida tiene un coste superior a los 1.150 millones de euros que tendría que ser financiado por el Estado sin que el texto proponga fuente de ingresos. La Mesa del Congreso en su reunión de ayer conoció el contenido del texto pero aplazó la decisión para que sus miembros lo analicen en profundidad y también los argumentos del Gobierno.

Se trata de la decimosexta vez que el Gobierno de Rajoy hace uso de este instrumento y expresa su disconformidad con la tramitación de una iniciativa de la oposición en esta legislatura. Sin embargo, ni siquiera por esta vía está obteniendo los frutos deseados. Hasta ahora la Mesa del Congreso no ha admitido ni uno sólo de los vetos solicitados por el Gobierno, dejando 13 de ellos pendientes de pronunciamiento y rechazando, incluso, dos de ellos. Fueron los relativos a la suspensión del calendario de implantación de la LOMCE, cuyo coste cifró Educación en 615 millones de euros, y la modificación del Estatuto de los Trabajadores para garantizar la igualdad de condiciones de los empleados subcontratados, que Hacienda calculó en un gasto adicional de 60 millones de euros. Ambas iniciativas han comenzado su tramitación en la Cámara pese a las advertencias del Ejecutivo, por lo que éste ha remitido una misiva a la Mesa del Congreso pidiéndole que reconsidere su decisión y acate su disconformidad con su tramitación.

Así sucedía de manera habitual en las legislaturas anteriores. Si la Mesa no rectifica, el enfrentamiento podría desembocar en un nuevo conflicto de atribuciones entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Sería el segundo en menos de un año después de que durante la legislatura pasada ambos poderes se enfrentarán a cuenta del control parlamentario que puede ejercer la Cámara baja sobre el Gobierno cuando se encuentra en funciones. Un contencioso que el Tribunal Constitucional aún tiene pendiente de resolver y el primero que se planteaba desde que naciera la democracia.

Con todo, tanto el PSOE como Podemos reaccionaron ayer con virulencia a esta decisión del Gobierno. En rueda de prensa tras participar en la Junta de Portavoces, el socialista Antonio Hernando advirtió de un «uso absolutamente improcedente de la capacidad de veto del Gobierno, porque en ningún caso se refiere al presupuesto vigente, que es sobre el que el gobierno puede vetar lo que sería un incremento del gasto». Por su parte, Ïñigo Errejón criticó al Gobierno por atrincherarse en el veto a las iniciativas y no darse cuenta de que ya no tiene mayoría absoluta.