El Gobierno pide calma: «Tenemos una estrategia clara en Cataluña»

«La declaración leída por el presidente Puigdemont no es más que una nueva representación de una vieja estrategia. No tiene ningún valor jurídico», afirma el Gobierno en un documento interno de La Moncloa, al que ha tenido acceso ABC . En este informe se justifica así la ausencia de un recurso ante el acto de Puigdemont para anunciar la fecha del referéndum y el contenido de la pregunta: «El presidente de la Generalitat se ha rodeado de consejeros, diputados y dirigentes políticos convocados a un acto de obligada asistencia, en el que no se ha firmado ningún papel, ninguna convocatoria ni, en definitiva, ningún acto de valor jurídico».

Palabras y no hechos. Ese es el principal argumento del Gobierno. En La Moncloa creen que «la mejor confesión de parte del nulo valor de las palabras» del presidente de la Generalitat fue que, a los pocos minutos de la declaración de Puigdemont, algunas entidades soberanistas exigieron a la Generalitat la inmediata convocatoria «oficial» del referéndum. «El referéndum del que hablan está fuera de la ley . Pero, además, las palabras de Puigdemont no forman parte del Derecho», se subraya en el documento.

Al mismo tiempo que el Gobierno niega toda posibilidad al referéndum ilegal de Puigdemont, ofrece como alternativa el debate en el Congreso, «el diálogo» donde puede producirse, esto es la sede de la soberanía nacional. De hecho, el portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, volvió a tender la mano este viernes a Puigdemont para que lleve una oferta de reforma de la Constitución (única vía posible para que pueda celebrarse una consulta como la que pretende) al Parlamento. En el documento interno de La Moncloa se constata que, en realidad, «los independentistas nunca han querido el diálogo. Y el Gobierno ha reiterado en múltiples ocasiones que no se puede dialogar sobre el cumplimiento de la ley». La oferta del diálogo forma parte, así, de la estrategia del Gobierno, como «salida» posible.

El Gobierno tiene una «estrategia clara» para evitar que el próximo 1 de octubre se celebre el referéndum anunciado por Puigdemont, advierten fuentes consultadas de La Moncloa. «La resolución del Tribunal Constitucional de 2017 avala esa estrategia» , indica el documento interno. «Cualquier actuación de contenido jurídico preparatoria de dicho referéndum podrá ser inmediatamente paralizada. Y lo será, como lo han sido todas hasta ahora», avisa el Ejecutivo. «Además, el auto deja claro que se pueden poner en marcha las actuaciones para depurar las correspondientes responsabilidades de las personas físicas o jurídicas que ejecuten dichos actos administrativos».

«Todas las posibles actuaciones están monitorizadas» , aseguran en La Moncloa. Hay un plan pormenorizado sobre los pasos que se darán, tanto si se convoca oficialmente el referéndum, como si se incumple la previsible prohibición, si se acude a las leyes de ruptura por la vía exprés o se intenta aprobar una declaración de independencia. Todo está previsto, y todo está preparado para impedirlo «con la fuerza del Estado de Derecho». Incluidas las medidas coercitivas, como la aplicación del artículo 155 de la Constitución, en su caso, para asumir de forma temporal las competencias que permitan defender el interés general.

El Gobierno está vigilando al detalle los procedimientos de contratación iniciados por la Generalitat para la celebración de un referéndum, «así como a todas las empresas que se han presentado a los diferentes concursos». La Moncloa recuerda que el auto del TC advierte de las responsabilidades en que pueden incurrir esas empresas si participan o colaboran en la organización del referéndum ilegal.

Al mismo tiempo, el Gobierno controla todos los fondos transferidos a la Generalitat, para evitar que «un solo euro pueda destinarse a objetivos irregulares de organización o promoción de la consulta anunciada». Cataluña está a la cabeza de todas las Comunidades como receptora de las ayudas del Gobierno a través de los Fondos de Financiación: 5.300 millones de euros en los tres primeros trimestres del año .

Las respuestas del Gobierno están consensuadas con el PP, el PSOE y Ciudadanos. «Todas estas actuaciones y cautelas están siendo comunicadas al resto de formaciones políticas que respaldan la posición del Gobierno».