El Gobierno duda en la respuesta a la censura del parlamento catalán al Rey

El equilibrio de Sánchez cada vez parece más complicado. El jueves, en Madrid, pacta con Unidos Podemos los Presupuestos, y el mismo día, en Barcelona, los «comunes» y el conjunto de los separatistas sacan adelante la resolución contra el jefe del Estado. Un día después, el presidente del Gobierno, tras el saludo al Rey, comenta en los corrillos durante la recepción que lo aprobado en el Parlamento catalán «es una propuesta declarativa, sin fuerza jurídica» . Ypara quitarle más importancia, añade que hubo una proposición no de ley similar durante el mandato de Mariano Rajoy y que su Gobierno «no la recurrió».

En una conversación informal con periodistas, Sánchez se limitó a explicar que su Gobierno «estudiará» el asunto, aunque insistió en que no considera que se haya cometido «ninguna irregularidad ni ilegalidad» a la hora de aprobar una iniciativa contra el Rey. El presidente insistió en que no es partidario de una dinámica de bloques en Cataluña, y su Ejecutivo apuesta por una política de «distensión y normalización» respecto a los independentistas, que son los que le sustentan a él en el Palacio de la Moncloa. Superada esa primera fase de «normalización», Sánchez ve imprescindible abordar una «solución política» para Cataluña, que derivaría, al final, en una votación de los catalanes.

En la misma recepción, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, insistió en que están estudiando si procede un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la reprobación al Rey, una iniciativa que ve grave desde el punto de vista político, pero sin fuerza jurídica. «Seguramente» se presentará el recurso» , comentó Calvo. La número dos de Sánchez en el Gobierno subrayó que un Parlamento autonómico no puede cuestionar la figura del jefe del Estado, que es inviolable y no está sujeta a responsabilidad, según la Constitución. «Los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes», añade la Carta Magna.

Los planteamientos de Sánchez y su Gobierno sobre el desafío independentista catalán están muy alejados del principal partido en el Congreso, el PP. La comunicación entre el presidente del Gobierno y los constitucionalistas, con Pablo Casado y Albert Rivera a la cabeza, está rota. Casado confirmó que no habla con Sánchez desde su reunión del verano , más allá de saludos puntuales como el de ayer. La prioridad política de Sánchez no está en el bloque constitucionalista, sino en sus aliados separatistas.

El líder del PP advirtió de que la respuesta ante iniciativas como la del Parlamento autonómico debe ser la aprobación inmediata de otro 155, para frenar a los independentistas en su nuevo intento de lograr la secesión. Los populares tienen mayoría absoluta en el Senado, pero la iniciativa política para activar ese artículo de la Constitución corresponde de forma exclusiva al presidente del Gobierno. Casado quiere un 155 más ambicioso que el aprobado el año pasado, tanto en su duración como en su contenido.

También el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, reprochó a Sánchez que pacte un proyecto de Presupuestos con quienes en Cataluña promueven la reprobación del Rey. El líder de Ciudadanos ve «inconsecuencia» en Sánchez cuando pacta con Podemos las cuentas públicas, la ley más importante del año, mientras sus aliados en Cataluña atacan al jefe del Estado. A su juicio, Sánchez «mira para otro lado ante la desobediencia, el acoso y la violencia separatista».

En la recepción del Palacio Real, fuentes del Congreso de los Diputados explicaron que es la Mesa de la Cámara catalana, con Roger Torrent a la cabeza, la que debió impedir que se debatiera y votara una resolución contra el jefe del Estado, ya que en ningún caso forma parte de sus competencias controlar ni censurar al Rey. Por eso, corresponde al órgano de gobierno de un Parlamento , ya sea el nacional o uno regional, filtrar las iniciativas que llegan y quieren entrar en el debate parlamentario, y aceptar a trámite solo las que se ajustan al Reglamento y a la Constitución.

En el Parlamento nacional, la Mesa ha frenado varias iniciativas en el mismo sentido que la aprobada en la Cámara catalana, presentadas por grupos separatistas, sobre todo por ERC, porque el jefe del Estado queda fuera de su control. En la Mesa no se aceptan preguntas dirigidas al Gobierno sobre el Rey, ni iniciativas que cuestionen al jefe del Estado, en cumplimiento de la Constitución.

Precisamente, Torrent amenazó ayer con nuevas resoluciones como la aprobada, «mientras no haya una solución democrática» en Cataluña.