El Gobierno dice que ver políticos presos crea «desafección» en la ciudadanía

Como informó ABC, el Ejecutivo basa sus indultos solo en razones de utilidad pública , en aras de solucionar un «conflicto» entre «Cataluña y España» –llega a decir– al que no ayuda la situación de prisión «en la que se encuentran los líderes independentistas» condenados por sedición. Es, a su juicio, «una decisión política a favor del interés general que puede, o no, estar en consonancia con las circunstancias del sujeto, el delito cometido o la pena impuesta», dice.

«No se trata de razones de justicia o equidad para el penado, sino que se pretende la consecución de unos intereses generales que trascienden a su situación individual» , y es al Poder Ejecutivo al que corresponde valorar la conveniencia política de esa utilidad en cada caso. La voluntad del penado «es irrelevante», pues lo relevante es «el interés general y la convivencia».

Para el Gobierno, «pocos propósitos son tan dignos como el de restablecer la convivencia y la concordia entre catalanes o dar una oportunidad para restaurar las relaciones entre Cataluña y el resto de España», señala de forma reiterada en los informes a los que ha tenido acceso este diario. Hay una «acuciante necesidad de responder cuanto antes a la profunda crisis social y política que, desde hace demasiado tiempo, viene condicionando y erosionando la paz social y la garantía de la convivencia democrática en Cataluña y, por extensión, en toda España».

Resulta también llamativo en los informes las referencias a la «desafección» que crea en la ciudadanía ver a sus políticos presos. «En ocasiones, el cumplimiento de penas privativas de libertad por parte de líderes sociales o políticos puede reforzar las lógicas de desafección, generando una falsa percepción de injusticia en quienes ven a sus representantes encarcelados y en quienes consideran que el castigo es excesivo». En este sentido alude al efecto que el encarcelamiento de Junqueras, por ejemplo, «genera en las personas que se ven representadas por su organización, y en aquellas otras que, sin ser independentistas, ven desproporcionada la reacción del Estado y en la sociedad española en su conjunto».

Sobre el exvicepresidente de la Generalitat, el Ejecutivo valora su «peso en el devenir de las relaciones entre España y Cataluña» y a su «clara apuesta por reconducir la acción política independentista a los cauces del diálogo». De Rull destaca su «papel relevante para condicionar el desarrollo del diálogo democrático»; de Turull, de una forma similar, que «como indudable protagonista del conflicto y líder de una de las principales formaciones independentistas, su peso en el devenir de las relaciones entre España y Cataluña resulta indiscutible». De la expresidenta del Parlament dice que es «un referente indiscutible en la vida social y política de Cataluña» y destaca el hecho de que haya sido presidenta de la Asamblea Nacional Catalana, la misma desde la que Jordi Sànchez alentó el llamamiento a la movilización ante la Consejería de Economía del 20 de septiembre de 2017.

El Gobierno cree, además, que «proyecta un liderazgo de gran relevancia derivado de su vinculación a ERC» y que su riesgo de reincidencia es bajo. Ayer Forcadell celebraba el indulto como una «pequeña victoria para conseguir la gran victoria: amnistía, autodeterminación y república catalana».