El Gobierno centra sus propuestas en el impulso de la rehabilitación de viviendas y los créditos directos del ICO

En el documento, de 32 folios, están las recetas detalladas por sectores a los que se quiere relanzar. Son cuatro áreas con los objetivos de crear empleo, mejorar la competitividad, reducir el déficit y dar estabilidad al sistema financiero para mejorar también la financiación de las empresas, tal y como ha explicado Salgado. La vicepresidenta segunda y ministra de Economía ha precisado en la comparecencia para presentar estas propuestas que estamos sólo ante un documento de trabajo, "y por tanto, abierto", con el que trabajar en los próximos dos meses con los partidos políticos.

Salgado ha detallado que este texto plantea actuaciones prioritarias para crear empleo y ayudar a reactivar la economía. Para esa creación de puestos de trabajo el Gobierno propone medidas en el ámbito de la rehabilitación de viviendas y la búsqueda de una mayor eficiencia energética. El documento contempla también beneficios fiscales en el IRPF y el IVA reducido para incentivar esa rehabilitación. También se propone rehabilitar energéticamente 2.000 edificios públicos. De esta forma, apuntaba, la vicepresidenta, se ayudará a que los desempleados en la construcción puedan encontrar más fácilmente un trabajo.

Según ha apuntado Salgado, el Gobierno no quiere que ningún proyecto empresarial "viable se quede en el cajón por falta de créditos, con especial atención a las pymes". Para que esto no ocurra, el Gobierno pretende que el ICO asuma completamente la cobertura del riesgo en una línea de céditos directos. El Gobierno también ofrece a los partidos discutir el aumento del 8% al 12% de las deducciones aplicables a las actividades de innovación en el impuesto sobre sociedades y elevar en algunos casos, hasta el 60%, el límite general que ya existe a esa deducción. Otra de las exenciones fiscales que incluye el texto pasa por eximir al trabajador de tributar en el IRPF como rentas en especie las cantidades que su empresa abone para sus desplazamientos entre su vivienda y el lugar de trabajo a través del transporte público, con un límite de 1.500 euros anuales.

Además, el Ejecutivo se compromete a aprobar antes del 10 de abril un programa de racionalización de la Administración General del Estado para que los gastos de personal sean en 2013 un 4% menores a los de este año. Con el mismo fin y en el mismo plazo se aprobará un programa de racionalización del sector público empresarial que contendrá medidas para reducir el número de altos cargos y el de consejeros en las empresas públicas, así como disminuir el número de éstas mediante fusiones y concentraciones, como ya anunció la semana pasada la vicepresidenta segunda, Elena Salgado.

También hay un compromiso para "acelerar" el proceso de reestructuración del sistema financiero y para ello agilizar el uso del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Junto a la propuesta de reducir a 30 días el plazo de pago de las facturas que deban a las pymes y autónomos las Administraciones Públicas y a 60 el que debe hacerse entre empresas, el documento contiene el compromiso de crear el registro de facturas en las administraciones locales.

Este documento que ha desglosado Salgado en la sede del Ministerio de Economía es el que se empezará a negociar a partir del miércoles con los partidos con representación parlamentaria. Uno de los objetivos es aumentar el peso de la industria en el PIB, que actualmente es del 15,5%, para que alcance el 18%. Para lograrlo, se presenta el Plan Integral de Política Industrial 2020, con medidas en ámbitos como la regulación, la reducción de cargas, la logística o las infraestructuras. Se pretende, en este ámbito, fomentar los procesos de consolidación y crecimiento de las pymes industriales, teniendo en cuenta tanto los sectores tradicionales como los emergentes.

Un apartado aparte tiene el sector del automóvil, que según recuerda el Ejecutivo es la principal industria exportadora del país, y dentro de éste se planea el diseño y programación presupuestaria plurianual del Plan de Competitividad de la Automoción. Además se incluye el diseño del Plan Integral del Vehículo Eléctrico que pretende potenciar esta industria y en el que se incluye el compromiso de que las Administraciones Públicas adquieran este tipo de coches.