La primera reunión de la Comisión bilateral Estado-Generalitat desde 2011, que tuvo lugaren el Palau - EFE

El Gobierno atenderá más inversiones para Cataluña

Pese a que el Ejecutivo acepta la mayoría de las pretensiones económicas de la Generalitat, dice «no» al referéndum de secesión

BarcelonaActualizado:

El Gobierno de España se comprometió ayer con la Generalitat de Cataluña en aplicar la Disposición Adicional 3ª del Estatuto de Autonomía, que el Tribunal Constitucional dejó sin efecto obligatorio para el Ejecutivo, ya que supone invertir una cantidad fija en Cataluña en materia de infraestructuras al margen de las necesidades de todas las comunidades autónomas.

La reunión de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat, celebrada ayer en Barcelona, sirvió para poner de manifiesto que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está dispuesto a negociar con el gobierno catalán sobre materias concretas, económicas y sociales, principalmente, pero no sobre la celebración de un referéndum de independencia. La reunión de la Comisión Bilateral duró unas tres horas y la ministra Meritxell Batet, que lideraba la parte del Gobierno, la definió, al acabar como «cordial» y «franca»; a lo que el consejero Ernest Maragall, que presidía la parte autonómica, añadió -tras la comparecencia de la ministra-: «y dura».

El objetivo era ganar tiempo por parte del Gobierno y la Generalitat. La Comisión Bilateral, reunida ayer por primera vez desde 2011, sirvió para tomar contacto entre los dos ejecutivos, tras el encuentro que el pasado 9 de julio tuvo lugar entre Pedro Sánchez y Quim Torra en La Moncloa. Para el Gobierno, lo importante es iniciar un diálogo sin cortapisas que pueda venderse de cara al electorado con un resultado tangible, dentro de la Constitución; para la Generalitat, en manos de los independentistas, solo podrá darse por bueno el diálogo si, finalmente, el Gobierno interviene en las tareas de los jueces en relación con los presos preventivos, acusados de rebelión, desobediencia y malversación, y se concreta un referéndum de secesión que no tiene cabida en la Carta Magna.

Y es aquí donde están las «discrepancias importantes», en palabras de Batet, quien reiteró que «no existe el derecho de autodeteminación, ni en el marco interno ni en el internacional, sólo recogido para los casos en los que no operan ni Cataluña ni España»; y dejó claro que «para esto no hay lugar para la discusión y, además, tampoco es un buen mecanismo para resolver el problema político de fondo». Tampoco entrará el Gobierno en otra de las reivindicaciones del independentismo y que estos definen como «presos políticos». «Les hemos dicho que todas las cuestiones que están en vía judicial escapan de las competencias del Ejecutivo».

Así, la valoración de la reunión por parte de Maragall fue totalmente distinta a la que realizó Batet. Muy airado, el consejero, solo unos minutos después de la intervención de la ministra, señaló que había grandes discrepancias con el Gobierno en estos dos puntos claves para los partidos secesionistas.

De todas formas, el Ejecutivo sí está dispuesto a aceptar ciertas reivindicaciones, como la aplicación de la Disposición Adicional 3ª del Estatuto. Batet dijo que el presidente Sánchez tiene «el compromiso político de hacer un esfuerzo con Cataluña, porque nos paece que hacer este esfuerzo es una manera de hacer política social» y concretó en que más inversión económica supone «más cohesión y vertebración del territorio». Y añadió: «El Gobierno tiene el compromiso político de atender la Disposición Adicional 3ª del Estatuto».

«Votar la independencia»

El ambiente previo al encuentro de esta Comisión Bilateral no auguraba grandes avances en puntos concretos. Así se encargó de dajarlo claro desde la Generalitat la propia portavoz, Elsa Artadi, presente en la reunión de ayer, que el martes aseguró que sólo preveían llegar a puntos de encuentro en algunas de las leyes suspendidas por el TC y que se podrían «recuperar», en concreto las que hacen referencia a asuntos sociales, que el Alto Tribunal suspendió o anuló ya que las competencias para legislar sobre estos asuntos no es de las autonomías.

Aun así, horas antes de sentarse ante la misma mesa las dos delegaciones, desde la Generalitat se encargaron de calentar el ambiente con declaraciones de máximos y atacando tanto al Rey como a la soberanía nacional, que residen en el conjunto de los ciudadanos españoles. Fue el caso de Ferran Mascarell, delegado de la Generalitat en Madrid y presente, en la reunión bilateral, quien en declaraciones a Onda Cero, por la mañana, deshechó la oferta -que podría llegar del Gobierno- de un nuevo Estatuto de Autonomía: «Es una pantalla un poco lejana en el tiempo. Desde el soberanismo catalán se entiende que se han de plantear las cosas más abiertas, volver al Estatuto ya no es la pantalla en la que estábamos, estamos en la pantalla de la autodeterminación, en la independencia de Cataluña». Y, aunque vio bien que cada parte presente sus ofertas, añadió que «esta propuesta no será la que defenderá el soberanismo», esta «será la de votar la independencia de Cataluña».

Además de Mascarell, Pere Aragonès, vicepresidente de la Generalitat y consejero de Economía y Hacienda, presente también en la reunión de la Comisión Bilateral, cargó contra el Rey desde los micrófonos de Catalunya Ràdio, unas horas antes del encuentro: «La monarquía no es un interlocutor y lo dejó muy claro el 3 de octubre porque se alineó con Cs y el PP. El discurso del Rey ampara ideológicamente actuaciones muy duras contra el independentismo. Es el que avaló el “a por ellos”». En esta dirección igualmente fueron las palabras de Quim Torra quien en declaraciones a la agencia de noticias de la Generalitat aseguró que Felipe VI «ya no es el Rey de los catalanes»; aunque señaló que «nunca es tarde para pedir perdón» e invitó al Rey a reunirse con él: «Si viniera a la Generalitat lo recibiríamos con mucho gusto».

Críticas de Cs y el PP

A todo esto respondieron desde las filas de Ciudadanos y del PP. La formación naranja advirtió que las reuniones entre el Gobierno y la Generalitat, en especial la de la Comisión Bilateral, suponen «dar alas a los independentistas». El secretario general del partido, José Manuel Villegas, exigió a Sánchez por la mañana la suspensión de la reunión.

En el PP también cargaron contra el presidente del Gobierno por el encuentro celebrado en Barcelona, que definieron como un «éxito» para los independentistas. La portavoz de los populares en el Congreso, Dolors Montserrat, insistió en que el líder del Ejecutivo está «arrodillado» ante el secesionismo. «El separatismo se alimenta de la debilidad de Sánchez», añadió.