Meritxell Batet en el Congreso de los Diputados, en una imagen de archivo
Meritxell Batet en el Congreso de los Diputados, en una imagen de archivo - EFE

«Recuperar el Estatut de Cataluña es por una parte absurdo y por otra suicida»

ABC habla con tres expertos sobre la idea del PSOE de legalizar parte de la norma

MadridActualizado:

El Partido Popular presentó un recurso de inconstitucionalidad a 114 artículos de los 223 del Estatuto de Autonomía de Cataluña aprobado por el Parlament en 2006. La sentencia del Tribunal Constitucional, cuatro años después, tumbó 14 puntos de la norma. Sin embargo, y en contra de la doctrina del tribunal garante, la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ha sugerido recuperar una parte mediante leyes orgánicas. Un nuevo capítulo dentro de los coqueteos del Gobierno con los independentistas.

«Las leyes orgánicas no son supraconstitucionales o equivalentes a la Constitución», explica a ABC Carlos Flores, catedrático de Derecho Constitucional por la Universidad de Valencia. Para Flores la sugerencia del PSOE es «una burla y un fraude de ley» para aumentar las competencias de Cataluña «sorteando los sistemas de control» que exigen una reforma del Estatuto.

Si bien es cierto que las leyes orgánicas se aprueban con una mayoría absoluta en el Congreso, los Estatutos de Autonomía son leyes orgánicas específicas que deben obtener mayoría en el parlamento autonómico, en las Cortes Generales y ser sometidas a referéndum. Según relata el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela Roberto Blanco, reformar la norma mediante una ley orgánica paralela sería «absolutamente inconstitucional».

Los 14 artículos derribados por el TC fueron aprobados por el Parlament Catalán con el apoyo en la Cámara Baja de PSOE, IU, CiU, PNV, BNG y CC en 2006 y recogían un sistema judicial independiente, la lengua catalana como primer idioma, Cataluña entendida como nación y competencias financieras propias. Además, otros 27 sólo eran válidos si se interpretaban según determinaba el fallo. A esto último, dentro del reto que supone para Pedro Sánchez el conflicto independentista, es a lo que se aferró Batet para asegurar en la sesión de control del Senado que «ahí hay margen para trabajar».

«Me parece que es una maniobra que tiene doble cara», asegura Antonio Torres del Moral, catedrático en Derecho Constitucional de la UNED, que considera un «disparate» que un grupo parlamentario intente sortear la sentencia del Tribunal Constitucional. En cambio, sí considera correcto que la intención del PSOE fuese corregir los preceptos conforme interpretaba el tribunal de garantías.

Pedro Sánchez, cuidadoso de que la Generalitat no vuelva al unilateralismo, intenta reforzar el diálogo con el Govern atendiendo a sus exigencias. El Ejecutivo intentará buscar en los mismos aliados -independentistas catalanes y nacionalistas- que le auparon a La Moncloa el apoyo para sacar adelante las leyes orgánicas con los puntos negros del Estatut. Por ello, los tres constitucionalistas se muestran preocupados al ver cómo un partido sugiere impulsar una acción legislativa contraria a la sentencia del TC.

«Técnicamente pueden aprobarlas pero es bastante disparatado», asegura Roberto Blanco. «El PP puede volver a recurrirlas y no parece que el Tribunal Constitucional vaya a cambiar de opinión», añade. También Torres del Moral, por su parte, asegura que esto supondría «poner al tribunal en la disyuntiva de corregirse a sí mismo».

Transferencia de poderes

Los tres catedráticos consideran que la única forma -entendiendo que no asumirán el proceso de reforma estatutaria- sería el Artículo 150.2 de la Carta Magna, que se refiere a la Ley Orgánica de Transferencia o Delegación de competencias: «No tendrían otra vía». De hecho, esta técnica -que permite delegar competencias susceptibles de transferencia por su naturaleza, según la ley- ya se utilizó con leyes orgánicas en Canarias y Valencia.

Sin embargo, nunca antes se dio este paso con una sentencia previa del TC. Torres del Moral explica que «puede ser una vía de acercamiento con los nacionalistas catalanes», pero «si se trata de repetir los defectos que tenía el Estatut» será un error porque hay aspectos en los que Cataluña carece de competencias. Para Carlos Flores la idea es «por una parte absolutamente absurda y por otra parte absolutamente suicida». En este sentido, Flores recuerda el artículo que exigía un Consejo de Justicia Catalana independiente: «El Poder Judicial es quien ha evitado la segregación de Cataluña. Si hubiesen tenido un Poder Judicial propio habría sido colonizado por los partidos y el proceso secesionista».