El Gobierno asume con dudas la posible vuelta de Juan Carlos I a España

En el entorno del Gobierno hay personas bien conectadas con La Zarzuela que consideran que Don Juan Carlos debe volver ya a España en aras de ‘normalizar’ su situación . Y en eso el primer partido de la oposición no sería un obstáculo, pues el PP considera que el regreso puede producirse sin problema y que Juan Carlos I puede volver a vivir en nuestro país. Existe el convencimiento de que la presencia del antiguo monarca en su retiro emiratí provoca ya más inconvenientes que ventajas. Pero se constata también por parte de estas fuentes que el Gobierno no tiene claro cómo gestionar la situación una vez que empieza a asumirse que el fin del proceso penal y la inequívoca voluntad del padre del Rey llevan a considerar que este escenario es cada vez más factible.

El Gobierno está limitando al mínimo la emisión de sus mensajes al respecto. Pero, en esa estrategia, deja ya patente una cosa: la eliminación de sus resistencias a un posible retorno. Y aquí los socialistas tienen una disyuntiva. Desde el punto de vista penal saben que el recorrido se acaba. Pero, por contra, en las filas socialistas consideran que están consolidadas y acreditadas unas actitudes por parte de Don Juan Carlos que lo inhabilitan en términos éticos e institucionales. En el Ejecutivo entienden que una buena parte de su base electoral y por supuesto las de sus socios han desconectado de la institución y especialmente de la figura de Juan Carlos I.

Política y mediáticamente los socialistas tienen tensión por su flanco izquierdo. Desde el Ejecutivo se evitaba ayer establecer una relación entre la decisión suiza con las decisiones que puedan adoptarse sobre las causas abiertas en España. Pero desde la premisa de que la posible vuelta de Don Juan Carlos es más factible que antes. Aunque no se manifiesta que se espere a corto plazo. Y el Gobierno ha optado por trasladar públicamente que no se opone a la misma. Aunque tampoco la defiende o considera necesaria. Simplemente, traslada su inhibición al respecto: «No nos corresponde pronunciarnos en torno a esa decisión que corresponde al Rey emérito y por supuesto seremos respetuosos con la decisión que se adoptara en el seno de la Casa Real al respecto», señalaba ayer la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. Apuntando de forma velada a la necesidad de un acuerdo entre Felipe VI y su padre.

El Gobierno se lleva preparando tiempo para este escenario. Sin ir más lejos, la pasada semana la portavoz del Ejecutivo quiso despejar esta cuestión aludiendo que desconocía las informaciones referidas a una posible vuelta de Don Juan Carlos a nuestro país . Ante las informaciones que apuntan a su regreso el Gobierno siempre se ha parapetado en que esa debe ser una cuestión que se dirima en La Zarzuela. A primeros de octubre desde el Gobierno se lanzaba el mensaje, en boca también de la portavoz, de que sería «muy respetuoso con todas las decisiones individuales y personales» , en referencia a un posible retorno a España. Es decir, dejaba en manos del anterior Jefe de Estado su decisión. Apenas unos días después Pedro Sánchez reclamaba al padre del Rey explicaciones públicas sobre su conducta: «Sería conveniente que el Rey Juan Carlos dijese, efectivamente, cuál es su opinión sobre todos estos hechos que son informaciones perturbadoras». Pero es algo que no se ha vuelto a repetir.

La estrategia de Pedro Sánchez siempre ha sido separar las figuras del padre y el hijo para destacar y loar la segunda, la del actual monarca. Y destacan que la «relación» del Gobierno es con el actual monarca , de quien siempre buscan «valorar el esfuerzo que desde la actual Casa Real están haciendo por dotar a la monarquía parlamentaria de mayor transparencia».

El hito de esta estrategia se produjo en febrero de este año cuando en comparecencia en La Moncloa el presidente del Gobierno se refirió al «sentimiento de perturbación y de incomodidad para el Gobierno» que suponen las informaciones sobre las regularizaciones fiscales de Don Juan Carlos por representar unas «conductas incívicas». Sánchez dijo aquel 26 de febrero albergar un «sentimiento de rechazo ante estas informaciones». Pero también marcó la línea de actuación respecto a su afán por aislar a Felipe VI: «La Casa Real actual ha marcado un antes y un después en la ejemplaridad (…) el actual Rey tiene todo mi apoyo», remarcando que «no se está juzgando a instituciones».

Pero los últimos mensajes de la portavoz del Gobierno han evitado planteamientos tan gruesos, sin oponerse al regreso de Don Juan Carlos y sin querer hacer otras consideraciones. El portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez , insistía este martes en idéntico argumentario. Hasta el punto de calificar la eventual vuelta a España del padre del Rey de una decisión «estrictamente personal». Gómez, sin embargo, matizaba que no se ha producido ningún pronunciamiento «público» del propio Juan Carlos I sobre su regreso.

El PP, por su parte, afirmó por boca de su portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, que Don Juan Carlos «puede volver cuándo quiera, en las circunstancias que quiera y vivir donde quiera, como cualquier ciudadano». Desde Barcelona, Pablo Casado se refirió al padre de Don Felipe en términos positivos y subrayó que «todos los españoles tenemos que estar agradecidos» a Don Juan Carlos «por su contribución a la Transición, a la democracia y a la Constitución» . Si bien el líder de la oposición evitó opinar sobre si debe producirse ese regreso.

Fuentes de la dirección nacional del PP insistieron en que Don Juan Carlos puede hacer lo que considere oportuno respecto a su regreso a España y el momento que elige para hacerlo: «Nosotros lo vamos a respetar». Los populares insisten sobre todo en reivindicar su legado como artífice de la Transición, la democracia y las libertades, frente a quienes lo atacan para dañar la Monarquía, informa Mariano Calleja.

Desde otras formaciones políticas también se abría la puerta al regreso a España del padre del Rey. El portavoz en el Congreso de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, afirmaba incluso que «ya podía hacerlo», antes de la última decisión de la Fiscalía de Suiza. Desde Ciudadanos, su portavoz Edmundo Bal subrayaba que «no existen medidas cautelares adoptadas contra él ni por las autoridades españolas ni, que conste, por las autoridades extranjeras». Además, añadía que «Juan Carlos Borbón es un ciudadano libre, un ciudadano más, un ciudadano español» y que, por lo tanto, «no seré yo quien le diga a un ciudadano español dónde tiene que residir o vivir. Él podrá hacerlo donde tenga a bien», concluía el número dos de los de Inés Arrimadas.

Unidas Podemos, por su parte, considera que no ha «cambiado nada» pese al archivo de la causa por el Ave a La Meca, como decía su portavoz en al Cámara Baja, Pablo Echenique . El dirigente morado afirmaba que «todo el mundo sabe en España de la corrupción» de Don Juan Carlos y calificaba de «vergüenza» que no se haya podido aprobar en la Cámara Baja una comisión de investigación sobre sus presuntas irregularidades financieras, tal y como ha pedido su partido, sin éxito, en varias ocasiones esta legislatura.