El Gobierno avisa de que puede retirar los lazos amarillos si no lo hace Torra

La JEC recordó ayer a Quim Torra la «reiterada doctrina sobre la obligación de los poderes públicos de mantener estrictamente la neutralidad política durante los procesos electorales» y la exigencia de preservarla. Y le dio un plazo de 48 horas para proceder a la retirada de los lazos amarillos que hay colgados en las instituciones de la Generalitat por considerarlos «símbolos ideológicos o partidistas en edificios y espacios públicos».

A juicio de Borrell, se trata de una decisión «muy atinada» porque «un espacio público es de todos, no puede ser usurpado por símbolos de una parte». En declaraciones a la Ser, el ministro ha señalado que, si esta resolución no fuera acatada, «el Estado tiene instrumentos apropiados para hacer cumplir las disposiciones por las instituciones encargadas de velar por el normal funcionamiento de la democracia».

Los partidarios de la independencia han «invadido» el espacio público y los edificios de las instituciones con estos símbolos sin que, hasta ahora, haya sido posible retirarlos, ha añadido.

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet , en cambio, no ha sido tan contundente como Borrell y ha pedido «esperar» para ver si el presidente de la Generalitat, Quim Torra , procede a cumplir con el mandato de la Junta Electoral Central.

«Hasta que no sea una resolución firme y por tanto con esa posibilidad de presentar el recurso hay que esperar y ya después veremos lo que pasa, no hay que avanzar acontecimientos», ha declardo Batet, que ha recordado que Torra tiene «derecho a presentar recurso» porque «es importante garantizar la neutralidad de las instituciones y más en periodo electoral».

El Gobierno catalán no está por la labor de retirar los lazos amarillos. La portavoz, Elsa Artadi , ha avanzado hoy que que el Govern está trabajando con los servicios jurídicos en una respuesta «claramente combativa» a la orden de la Junta Electoral Central: «Probablemente se harán alegaciones al documento».

En cualquier caso, la solución que se adopte seguirá los consejos de los servicios jurídicos de la Generalitat, ha asegurado, al tiempo que ha tachado de «ridícula» la resolución porque, a su juicio, pretende coartar la libertad de expresión en Cataluña: «No puede ser que se interfiera de este modo en nuestra forma de vivir y hacer política».

La Junta, encargada de vigilar el periodo electoral, está compuesta por ocho magistrados del Tribunal Supremo elegidos por sorteo, cinco catedráticos propuestos por los grupos y nombrados por el Congreso de los Diputados, y otros dos miembros natos que no tienen voto.

El máximo órgano arbitral del procedimiento electoral se reunió ayer a la una de la tarde en el Congreso de los Diputados, y falló los lazos amarillos son signos que pueden ser legítimamente utilizados por las formaciones políticas en su propaganda electoral, «pero no por los poderes públicos ya que estos deben mantener una rigurosa neutralidad política», según la doctrina de la JEC avalada por sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.