La Generalitat de Cataluña insiste en denigrar al Supremo en Europa

El documento, titulado «La falacia de las acusaciones», ha sido remitido por correo electrónico en nombre del «Ministro catalán de Asuntos Exteriores» y con sellos de la Generalitat como «Gobierno de Cataluña». En otros renglones se mantiene la denominación legal de la Consejería de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, que ocupa Ernest Maragall, aunque se auto atribuye la condición inexistente en su caso de «ministro de Asuntos Exteriores» . Al menos, en los membretes no aparece la palabra «República» que sí se utiliza con profusión en otros niveles de la propaganda independentista. El correo está firmado por el gabinete del consejero.

Fuentes europeas cercanas a uno de los receptores de esta carta, que es la segunda preparada desde el inicio del juicio, han subrayado la incoherencia en la que entra Maragall con esta acción propagandística que pretende denigrar a la justicia española: «Si un dirigente político en funciones en cualquier país democrático se atreviese a enviar una carta así mientras se desarrolla un juicio, debería dimitir inmediatamente por intentar presionar públicamente al tribunal». En efecto, una acción de este tipo habría sido imposible en cualquier país europeo, no solo porque se trata de un cargo público cuya legitimidad se basa en la legalidad constitucional española y que se dedica a intentar vilipendiarla con dinero público, sino porque está ignorando el principio esencial de separación de poderes.

En realidad, este documento es una larga filípica dirigida contra el Tribunal Supremo y contra la instrucción del caso, incluyendo el recurrente argumentario en contra de la acción de la justicia constitucional. Además de recoger las opiniones de todo tipo y origen que ponen en duda que hubiese habido un grado suficiente de violencia para introducir el delito de rebelión (pero sin mencionar en absoluto las opiniones que refutan estas tesis) y otras consideraciones ya reiteradas hasta la saciedad, llega a acusar al Gobierno español de haber «alterado» la composición del parlamento regional a través de la acción jurídica. «Por improbable e insostenible que sea una condena por rebelión -dice el panfleto- , con estos cargos han mantenido en prisión preventiva a nueve personas durante más de un año lo que ha sido utilizado para alterar artificialmente la mayoría parlamentaria surgida en las elecciones de diciembre de 2017, que fueron impuestas por el Gobierno español después de suspender el autogobierno catalán».

El documento termina con una serie de datos sobre encuestas, cuya autoría no se especifica, y en las que supuestamente se revela la existencia de una mayoría en favor de una negociación política. Y por ello termina citando a Raul Romeva, también atribuyéndole la condición de «ex ministro» , en su declaración ante los jueces, «Si estamos aquí hoy es porque los que deberían haber estado haciendo política en ese momento no lo hicieron y le han transferido a ustedes, los tribunales, la responsabilidad de un asunto que no era suyo, por lo que les pido que envíen este dossier a donde nunca debió haber salido: a la política».

Romeva, antiguo eurodiputado con gran experiencia en Bruselas, era el encargado de haber obtenido el reconocimiento internacional de la proclamación de la república independiente. Sus gestiones fueron totalmente estériles, porque ningún gobierno ni institución ni dentro ni fuera de la Unión Europea ha mostrado el menor signo de simpatía hacia las aspiraciones separatistas que pusieron sobre la mesa. Los únicos aliados relevantes del secesionismo catalán son los independentistas flamencos que hasta ahora disponían de un peso fundamental en el Gobierno belga y volverán a ser el centro de cualquier coalición después de las elecciones de esta primavera, según todas las encuestas. Los líderes de la Nueva Alianza Flamenca que también gobiernan en la región de Flandes, protegen activamente al ex presidente catalán Carles Puigdemont, que sigue huído de la justicia y reside en una mansión de lujo en lal localidad de Waterloo. La prensa europea también ha perdido interés en el seguimiento de la política catalana o del juicio en el Tribunal Supremo que, por otro lado, está siendo retransmitido en directo y puede ser contemplado desde cualquier parte del mundo.