La Generalitat le exige a Sánchez un trato bilateral

En una carta remitida a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el vicepresidente y consejero de Economía catalán, Pere Aragonés (ERC), le reitera los argumentos que ya esgrimió en su misiva para justificar su ausencia en la reunión del CPFF del pasado 18 de julio. «Teniendo en cuenta el contexto político actual y la especificidad de los temas que atañen a la financiación de Cataluña», Aragonés entiende que la Comisión Bilateral Estado-Generalitat celebrada el 1 de agosto abrió «un nuevo espacio que entendemos más adecuado» para abordar estos asuntos.

Aragonés desdeña el foro multilateral para abogar por una relación bilateral, de tú a tú, entre el Gobierno y la Generalitat. En concreto, el vicepresidente catalán considera insuficiente la propuesta de elevar del 0,1% al 0,3% el techo de gasto para las CC.AA en 2019. Aunque considera un «avance positivo» este cambio, sigue considerado «desproporcionado» el reparto de los objetivos de déficit entre los distintos niveles de la administración. «El ajuste excesivo» en los presupuestos «en favor de un mayor margen por parte de la Administración General del Estado» no sólo tiene «un evidente efecto recentralizador , sino que también castiga» a las administraciones que cargan con el mayor peso del Estado del Bienestar. Sea como fuere, estas consideraciones no las podrá transmitir Aragonés hoy a la ministra. Si es en pie de igualdad con el resto de regiones, Cataluña se ausenta.

Pese a este nuevo desplante, se advierte en la carta de Aragonés, al menos, un tono matizadamente alejado de la exaltada beligerancia que emana de la presidencia bicéfala (Torra-Puigdemont). Aragonés, siempre en base a una relación bilateral, eso sí, y «teniendo en cuenta el cambio de ciclo económico y político», anima a la ministra a revisar la senda hacia la estabilidad presupuestaria, «un terreno que convendría explorar en favor de objetivos más ampliamente compartidos y capaces de generar más consensos políticos». Se diría que lenguaje casi autonomista según el criterio del independentismo más exaltado.

El desplante de Aragónes se produce en todo caso en un momento en el que el ejecutivo de Torra parece decidido a elevar la tensión , más después de la proclama del presidente catalán a «atacar» al Estado. Para el presidente del PPC, Xavier García Albiol, «esta es la respuesta del Govern a la política de buen rollito de Sánchez Castejón con los independentistas».

Junto a estos movimientos, prosigue la polémica por la utilización del espacio público para la exhibición de símbolos políticos, y en concreto por el papel de los Mossos d’Esquadra al perseguir a los grupos que se dedican a quitar lazos amarillos independentistas . Al respecto, y en una comunidad donde el secesionismo monopoliza calles y ciudades, y donde las instituciones no guardan la más mínima neutralidad institucional, la portavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat, anunció para septiembre una iniciativa de los populares para reformar la ley de Símbolos . El objetivo, garantizar «la neutralidad» en los espacios públicos, ya que son de «todos» y lugares de «convivencia». En relación a la polémica por los lazos amarillos, Montserrat defendió que la «libertad de unos» termina cuando empieza la «humillación y la ofensa de una mayoría». Respecto al papel de los Mossos, consideró que sería «intolerante» que «a unos por ponerlos no les pasara nada y a los otros por quitar sí».

En la misma línea, la líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, acusó al presidente Quim Torra de usar a los Mossos como una «policía política» Para Cs, que reclamará la comparecencia del consejero de Interior, Miquel Buch, en el Parlament, Torra trata de «callar al constitucionalismo en Cataluña».