Una funcionaria defiende el lazo amarillo en la UB: «Si no le gusta vaya a su país a estudiar»

Así es el fragmento de la conversación teléfonica entre una funcionaria de la Universidad de Barcelona (UB) y una mujer catalana después de que ayer apareciera en la fachada del hospital universitario Clínico de Barcelona una estelada, un lazo amarillo y un cartel con la frase: «Clínico antifascista». Con todo ello, el centro depende de la universidad pública de la Ciudad Condal.

El audio, al que ha tenido acceso ABC, muestra un nuevo episodio dentro de la brecha social que sufre la sociedad catalana después del avance del discurso del «próces». Las críticas en Twitter, así como las quejas a la UB para protestar porque una institución pública acoja estas consignas no cesaron durante la jornada de ayer.

La Universidad de Barcelona, por su parte, ha explicado a ABC que « las declaraciones de la funcionaria no son compartidas por la UB , sino que es la intervención de alguien que no representa a toda institución», así como que «son una Universidad plural que tiene estudiantes de todos los sitios, lo que supone un orgullo».

También hace unas semanas la playa de Canet de Mar apareció llena de cruces amarillas en apoyo a los «consellers» presos. Otro ejemplo denunciado por algunos vecinos cansados de ver como «los grupos radicales soberanistas ensucian los espacios públicos con consignas secesionistas».

Una guerra de símbolos en Cataluña que no disminuye, pese a los guiños del nuevo Gobierno socialista con la Generalitat, y que ayer tomó como nuevo escenario el Hospital Clínico de Barcelona. En este contexto, un integrante de la brigada de limpieza «Els Segadors del Maresme», encargada de limpiar propaganda independentista de las zonas públicas y quienes retiraron las cruces amarillas en el arenal mencionado, ha explicado a ABC que si no se retira el cartel pondrán varias reclamaciónes a la Universidad.

No es la primera vez que un empleado público responde así ante las quejas por consignas soberanistas. En mayo se denunciarion varios casos de adoctrinamiento en centros e instituciones catalanas donde la Generalitat nombraba a dedo a ocho de cada diez inspectores educativos.