La Fiscalía apoya investigar si Podemos pagó un sobreprecio a Neurona

En un escrito del 3 de enero al que tuvo acceso ABC, la fiscal repasa a lo largo de 27 páginas todo lo actuado en el procedimiento hasta llegar al pasado mes de julio, cuando el juez resolvió prorrogar las actuaciones para practicar un análisis de los trabajos de Neurona y averiguar si se acomodan a los 363.000 euros de dinero electoral que pagó Unidas Podemos despertando recelos en el Tribunal de Cuentas. La formación morada está investigada por un presunto delito electoral.

Aunque la fiscal entiende que a lo largo de la investigación se han esclarecido muchas de las sombras que planeaban al inicio, cuando una denuncia del exabogado de Podemos José Manuel Calvente puso en solfa hasta que hubiese trabajadores de Neurona, y «existían dudas fundadas sobre la realidad del contrato», considera que esta última decisión del juez para «agotar la investigación» es «pertinente y útil».

Podemos se oponía, entre otras razones, por la dificultad de que un perito haga una estimación de servicios que van más allá de los vídeos y las imágenes ya que entran en lo intangible de la consultoría. Y menos, si va a hacerlo sin comparar contratos similares suscritos por formaciones políticas como el Partido Popular o el PSOE que, dicen, son caros en comparación con el que ellos suscribieron con Neurona.

«Entendemos como el recurrente que la formación política puede contratar con los proveedores que considere oportuno y es posible que no pueda determinarse con fiabilidad el coste », dice la Fiscalía. «No obstante -añade-, la diligencia es lógica a la vista de las diligencias practicadas por lo que la resolución es conforme a derecho».

Llega a esta conclusión tras recordar que «se investiga el contrato con Neurona por las circunstancias referidas en el informe del Tribunal de Cuentas», que señaló la falta de justificación de los gastos de consultoría que el partido declaraba como electorales y por tanto, sujetos a financiación pública. Y añade que, como dispuso el juez Escalonilla, se investiga «ya sea como contrato simulado o como distracción».

En este sentido, la representante del Ministerio Público señala que «de las diligencias practicadas no resulta indiciariamente acreditada la existencia de un contrato simulado» . Quedaría así la distracción, que es lo que intenta esclarecer con esta diligencia el juez. Ya en un auto del pasado mes de octubre, recordó a Podemos que el delito electoral «se puede cometer igualmente cuando los fondos electorales son utilizados para el pago de un gasto electoral por un precio mayor a su coste real con la finalidad de distraer parte del numerario existente en las cuentas electorales a un fin distinto al servicio que se retribuye, ocultándose dicha distracción mediante la fijación de un precio excesivo».

Lo que para la Fiscalía ya parece esclarecido es que «más allá de las posibles discrepancias» que ha venido señalando la UDEF a lo largo de la investigación «trabajadores de Neurona se desplazaron a Madrid y se hospedaron en diferentes inmuebles de la capital».

También que la consultora prestó servicio, pues « los vídeos se crearon y modificaron durante la campaña y se identifica a las personas que los crearon» como esos mismos empleados. Respecto de su calidad, dice que «nada obsta a que se utilicen imágenes antiguas para la realización de vídeos para diferentes campañas».

Entiende también descartado ya que Podemos contratase con otras empresas esos servicios que se suponía estaba ya prestando Neurona porque de las testificales de otros proveedores llega a la conclusión de que ofrecían productos diferentes.

Con estas mimbres, la fiscal ve necesario ese último paso sobre la calidad-precio de los servicios de Neurona. «Ahora bien, una vez practicada, el juez resolverá lo que proceda pronunciándose las partes sobre el fondo del asunto».

Esta es la parte central del caso Neurona, que hay ido creciendo y menguando a lo largo de los meses. Bien porque el juez incorporaba nuevas líneas de investigación, como las que finalmente fueron derivadas a otros juzgados de Madrid; bien porque las iba archivando. Precisamente, este diciembre la Audiencia Provincial puso fin al recorrido de una de esas líneas, la relativa a la Caja de Solidaridad del partido al rechazar el recurso de las acusaciones que ejercen la exsenadora Celia Cánovas y Vox contra la decisión de Escalonilla de archivarla por falta de indicios.