La familia de un militar muerto por ETA en 1981 exige a Estrasburgo la extradición de su asesina

La demanda de la familia Romeo, que fue registrada ante la Corte europea el lunes, insiste en desmontar el recurrente argumento utilizado por los jueces en Bélgica según el cual la extradición de la etarra no es posible en tanto en España -sostienen- «se podrían violar los derechos humanos de la sospechosa». «Lo único que queremos es que la traigan a España y sea juzgada. Luego decidirán si la condenan o no, pero que sea juzgada», ha expuesto esta tarde Carmen Romeu, una de los cinco hijos del teniente coronel asesinado, quien ha subrayado que el razonamiento de que ha pasado mucho tiempo desde el crimen no sirve. «Para la familia algo así no se olvida nunca», ha recordado, como también que la asesina permanece en la ciudad de Gante «viviendo como una reina».

En una rueda de prensa celebrada en la Fundación de Víctimas del Terrorismo, en la que han participado su presidenta, Mari Mar Blanco; la de Covite, Consuelo Ordóñez y la directora general de la oficina de Víctimas Del Terrorismo dependiente del Ministerio del Interior, Sonia Ramos, la familia ha expresado su confianza en que el Tribunal de Estrasburgo sea sensible y esta vez si respondas positivamente a los requerimientos de la Justicia española.

Natividad Jáuregui, según las investigaciones, está huida desde 1979. Se marchó a Francia tres años después del asesinato del teniente coronel Romeo, en 1984, y en 1986 se trasladó a México. Allí regentó junto a su pareja, José Antonio Borde, un restaurante de cocina vasca hasta que él fue capturado en 2002, tras lo que ella se marchó a Gante (Bélgica). Dos órdenes europeas de detención y entrega (OEDE) dictadas en su contra por la Audiencia Nacional en 2004 y 2005 -una por asesinato y otra por delito de terrorismo- no tendrían ningún efecto durante mucho tiempo. Tampoco en 2013, cuando en una operación conjunta de la Policía Judicial belga, la Comisaría General de Información de la Policía Nacional española y el CNI la arrestaron y fue puesta en libertad en cuestión de unas pocas semanas.

En aquella ocasión, el Tribunal de Casación belga, máxima instancia judicial del país, desoyó los ruegos de la Fiscalía General belga y ratificó una decisión de un juzgado de Apelación de no extraditar a la etarra por entender que en España podría ser torturada . «Existe la posibilidad de que sus derechos fundamentales no se vean respetados », fue su expresión.

El jarro de agua fría judicial se repitió en julio de 2016, cuando el mismo Tribunal de Casación determinó de nuevo no ejecutar una nueva orden de detención dictada en agosto de 2015 por la justicia española. Lo hacía respaldando otra vez una decisión de un juzgado de Apelaciones de Gante y previo recurso de la Fiscalía belga.

Ante esa instancia, el Gobierno de España había desarrollado entonces gestiones de carácter informativo con el envío de documentos de las visitas a nuestro país del Comité para la Prevención de la Tortura o de la Abogacía General del Estado relativos a la figura de la prisión incomunicada. La Defensora del Pueblo, cuyo amparo fue invocado en 2014 por la hija del teniente coronel asesinado , pidió el año pasado al ministro de Asuntos Exteriores que trasladara al Ejecutivo belga toda la información posible «sobre el daño causado por el terrorismo y sobre la realidad de España en materia de respeto y garantía de los derechos humanos».