La Audiencia Nacional decidirá el destino del «caso Faisán» el próximo día 20

Así lo han informado hoy fuentes jurídicas, que han señalado que la vista tendrá lugar a las 17.00 horas en las instalaciones de la Audiencia Nacional en la localidad madrileña de San Fernando de Henares.

El presidente de la sala de lo penal, Javier Gómez Bermúdez, decidió el pasado 26 de julio avocar al pleno la resolución de los recursos de apelación contra los procesamientos "por la complejidad e importancia jurídica" de este asunto, después de que el juez Pablo Ruz rechazara los recursos de reforma interpuestos contra el auto de procesamiento que dictó el 13 de julio contra estos tres policías.

De este modo, en lugar de ser la Sección Segunda de la sala de lo penal, integrada por su presidente Fernando García Nicolás y otros dos magistrados, la encargada de resolver esos recursos, la decisión queda ahora en manos de los 18 jueces que forman parte del pleno. "Se llama a formar sala para la vista y posterior resolución de recursos interpuestos contra el auto de procesamiento a la totalidad de los magistrados de la misma", señala el acuerdo notificado hoy por Gómez Bermúdez. En la vista, que no será pública, el fiscal y los abogados de las partes defenderán su postura ante el tribunal.

El principal debate que ha suscitado el procesamiento de los tres mandos policiales es si pudieron incurrir en un delito de colaboración con ETA o si habrían cometido un delito de revelación de secretos como defiende la Fiscalía, lo que significaría que los hechos no serían competencia de la Audiencia Nacional sino de los Juzgados de Irún.

A este respecto, Ruz, al resolver los recursos, mantuvo que los tres mandos policiales incurrieron en un delito de colaboración con ETA porque con su actuación contribuyeron "a las finalidades perseguidas por tal organización".

Para el juez, e n el "chivatazo" a ETA existió "conocimiento y voluntad al respecto por parte de los autores de tales hechos", y permitió que la cantidad de dinero recaudado por el aparato de extorsión (unos 54.000 euros) "no fuera interceptada por la Fuerza policial encargada de la vigilancia y seguimiento de la red terrorista investigada".

"Los indicios acumulados en la instrucción", añadía Ruz, llevan a presumir que esa cantidad de dinero fue "puesta a disposición de la propia organización terrorista o de alguno de sus presuntos integrantes, para el cumplimiento y ejecución de las actividades y finalidades perseguidas por tal organización".