Exteriores transmite a la Generalitat el malestar de Andorra

Exteriores solicita a la Generalitat que traslade la posición de Andorra al Parlament, que el pasado 6 de octubre aprobó las citadas resoluciones. En ellas se propone que no se condecore a personas que lleven a cabo la mayor parte de su actividad en Cataluña pero que tengan su domicilio fiscal en Andorra o Mónaco y se insta a la Generalitat a sancionar a las empresas que hayan actuado ilegalmente en esos territorios, de los que afirma que son considerados paraísos fiscales por la Unión Europea.

El pasado jueves, el Ministerio de Exteriores andorrano entregó una nota verbal al embajador español en Andorra, Manuel Montobio, y el embajador del Principado en Madrid, Jaume Gaytán, otra similar al Ministerio de Exteriores. Según esas notas, el Gobierno andorrano «lamenta» las referencias formuladas sobre Andorra en las citadas resoluciones, «entendiendo que no reflejan la situación actual del Principado respecto de sus compromisos con la comunidad internacional en favor de la transparencia fiscal internacional, ni respecto de la situación bilateral en esta misma temática».

En un comunicado difundido por el Gobierno de Andorra se subraya que, desde 2009, el Principado intercambia información fiscal con aquellos países con los que tiene firmado un convenio para ello, entre los que se encuentra España. Añade, además, que Andorra pondrá en marcha el intercambio automático de información fiscal en el ámbito de la OCDE y de la UE en 2018, con datos del ejercicio de 2017. Tanto la OCDE como la UE y el Gobierno español eliminaron hace tiempo a Andorra de la lista negra de paraísos fiscales por entender que cumple los estándares u normas interna- cionales en materia de transparencia y cumplimiento fiscal.

Las fuentes españolas consultadas por ABC confirmaron que en virtud de un acuerdo de intercambio de información en materia fiscal de 2010 y del Convenio bilateral de 2015 para evitar la Doble Imposición -ambos ratificados y en vigor-, así como de los compromisos adquiridos por el Principado con los convenios suscritos con la Unión Europea y en el marco de la OCDE, «España no considera a Andorra paraíso fiscal, a los efectos internos e internacionales procedentes».

Las autoridades de Mónaco no han reaccionado por via diplomática, aunque también expresaron su sorpresa por las resoluciones, en las que ven juicios arbitrarios e infundados, y advierte de las consecuencias perniciosas que puedan tener en las relaciones económicas.