Escenarios difusos

A partir de ahí, emergen múltiples dudas que solo el tiempo resolverá. Aplicar el artículo 155 de la Constitución para que el Estado asuma funciones ejecutivas de la Generalitat solo puede proponerse tras el 1-O, como solución emocionalmente dramática, pero políticamente eficaz, para preparar nuevas elecciones en Cataluña. No es retórico que el fiscal general del Estado recordase ayer la opción «abierta» de detener a Puigdemont como réplica a su desobediencia y rebeldía frente a las leyes. Su detención sólo dependerá de su voluntad de erigirse en mártir de la causa o de hacer una voladura incontrolada del proceso.

La celebración de elecciones catalanas en 2018 se convierte así en una obligación que también estará condicionada por la irrupción del PNV en la solución de este conflicto. De momento, el PNV ha puesto en jaque los Presupuestos, cuya aprobación ha quedado postergada a la espera de un «sí» de Íñigo Urkullu, presionado ahora por el ala más dura y soberanista de su partido. Más allá de que el PNV sea un experto en jugar al despiste para lograr siempre réditos políticos y económicos, el Gobierno aún percibe en Urkullu a un aliado capaz de convencer al PdeCat de que la «solución Ibarretexe» fue exitosa para el País Vasco y debe serlo también para Cataluña. Falta saber si Urkullu está dispuesto a abandonar a Rajoy y provocar un adelanto electoral en 2018. No es esa la hipótesis que maneja Rajoy, pero las circunstancias pueden abocarle a ello. El caos que impera en Podemos por su sumiso vínculo al independentismo, y la diletancia del PSOE en su defensa de la unidad de España, no perjudican al PP: muy al contrario, la ganancia de escaños es un cálculo que ya se maneja en voz baja.