Manifestación para pedir la libertad de los políticos presos de Cataluña
Manifestación para pedir la libertad de los políticos presos de Cataluña - Inés Baucells

EE.UU. rechaza que existan abusos de derechos humanos o presos políticos en España

La diplomacia norteamericana rechaza los argumentos del secesionismo y pone en valor la Constitución española

WashingtonActualizado:

La intensa campaña del independentismo catalán para que Estados Unidos denunciara públicamente los supuestos abusos de los derechos humanos en España en el marco del juicio a los detenidos por el referéndum de octubre de 2017 ha acabado en fracaso. A pesar de la reapertura de la «embajada» catalana y las recientes visitas a Washington del presidente autonómico, Quim Torra, la diplomacia norteamericana negó ayer en su informe anual sobre derechos humanos que en España existan "presos políticos", como denuncian los independentistas y, lo que es más, acusa a estos últimos de atentar contra la libertad de expresión e incitar al odio.

El informe es claro en sus conclusiones: «Varios funcionarios que representan a los partidos políticos catalanes dijeron que algunos miembros de esos mismos partidos en prisión preventiva por el "referéndum" de independencia de Cataluña de octubre de 2017, que el Tribunal Supremo declaró inconstitucional, son "presos políticos". Ni el gobierno ni las organizaciones de derechos humanos respaldan estas denuncias. Nueve miembros de partidos políticos y organizaciones sociales están en prisión preventiva desde finales de 2017 acusados de los delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos».

Esas conclusiones figuran en el «Informe sobre derechos humanos por países», que desde 1977 elabora cada año la diplomacia norteamericana. Una copia se envía al Capitolio para que sirva de guía para las decisiones de los legisladores en materia de política exterior. En su última visita a Washington, Torra estuvo en el Capitolio tratando de sumar apoyos a la causa independentista. El presidente catalán se reunió con cinco diputados demócratas y republicanos a los que anunció que el gobierno de Pedro Sánchez contemplaba autorizar la figura de un mediador internacional, que finalmente fue descartada por la presión política y social sobre el ejecutivo. En su visita, Torra acusó al estado español de «no respetar los derechos civiles y de las minorías».

La respuesta de la diplomacia norteamericana no podía haber sido más contundente. En el informe anual reservado a analizar el respeto a las libertades civiles se defiende la vigencia del estado de derecho en España —«no hay constancia de abusos graves de los derechos humanos»— y se acusa a los independentistas de atentar contra la libertad de expresión. Según dice el informe, haciéndose eco de un análisis de Reporteros Sin Fronteras, el referéndum de independencia «exacerbó tensiones y creó un ambiente sofocante para los periodistas», con acoso en redes sociales a periodistas a los que se considera «favorables a la unidad de España».

Además, la diplomacia norteamericana se hace eco de una investigación de la fiscalía en Barcelona sobre el incremento de los delitos motivados por el odio en Cataluña durante el referéndum de independencia y los meses posteriores. Estos, asegura, «son, sobre todo, atribuibles a las ideas políticas relacionadas con el movimiento independentista». «Sólo en la provincia de Barcelona», asegura, «un 30,8% de los 279 casos denunciados estaban relacionados con incitación al odio y discriminación contra aquellos que tienen opiniones políticas diferentes».

La Constitución

El informe, en el que se analiza la situación política y social de unos 200 países, se elabora con informes de las embajadas norteamericanas y con entrevistas a funcionarios extranjeros y representantes de organizaciones no gubernamentales. Según dijo ayer el secretario de Estado, Mike Pompeo, en la presentación de las conclusiones, «a lo largo de los años, este informe ha forzado a los gobiernos a corregir su rumbo y desistir de brutalidad y otros abusos. Esperamos que siga siendo así y que obligue a los regímenes represivos a respetar los derechos humanos».

Respecto a la actuación del estado español, el informe asegura que «tanto la Constitución como la ley prohiben las detenciones y arrestos arbitrarios y ofrecen a cualquier persona el derecho a recurrir en los juzgados la legalidad de su detención o arresto, y el gobierno respeta de forma general estos requerimientos».

A pesar de que la Generalitat ha reabierto la delegación diplomática catalana en EE.UU. la posición del gobierno norteamericano no se ha movido un ápice. La Casa Blanca sigue apoyando la unidad de España, tal y como dijo Donald Trump en una rueda conjunta con Mariano Rajoy días antes de que se celebrara el referéndum declarado inconstitucional.

Los independentistas han maniobrado para crear divisiones y lograr que o bien diputados y senadores en el Capitolio o bien la diplomacia se hagan eco de las denuncias de Torra -España es «un país autoritario y franquista», dijo durante su visita a EE.UU. en enero- pero esas puertas, como las de la Unión Europea, se han mantenido cerradas.