El discurso recentralizador de Rivera alarma en el PP porque conecta con su electorado

En la dirección del partido tienen claro que la estabilidad que otorga el acuerdo con el PNV es fundamental para afrontar el resto del mandato de Mariano Rajoy pero son también «dolorosamente conscientes», en palabras de un alto cargo, de que el discurso de Rivera, en favor de la solidaridad y la igualdad entre ciudadanos , es una vieja demanda de sus electores que ha reverdecido ante el desafío separatista catalán. Minutos después de que Montoro y Rivera se enzarzaran en el Pleno que aprobó el cupo vasco, un compañero del ministro aventuraba que «Ciudadanos tiene la suerte de no tener que gobernar per o sus mensajes recentralizadores nos hacen un roto sobre todo cuando no somos capaces de poner sobre la mesa un sistema de financiación alternativo».

Muchos en el PP señalan al Ministerio de Hacienda como el responsable de no acertar con las recetas para contrarrestar las andanadas que, por el flanco liberal, está propinando Ciudadanos.

El castigo a las clases medias, con la asfixiante presión fiscal a la que históricamente se opone Albert Rivera; la reciente propuesta naranja de una Agencia Independiente de la Alta Inspección Educativa para acabar con el adoctrinamiento en las escuelas catalanas, que la negativa del PSOE bloqueó; la lucha por la equiparación salarial de policías y guardias civiles con los agentes autonómicos; y su sonado rechazo al privilegio fiscal vasco, componen un atractivo menú político para el tradicional votante popular. De hecho, en el sondeo de DYM que ABC publicó hace una semana Ciudadanos lograba arañar casi un 10% del tradicional voto popular y parece claro que no solo por el centro, como siempre ha temido el PP, sino en su electorado más conservador.

En Moncloa han leído con atención las últimas encuestas, incluida la del CIS, que apuntan a un rédito electoral indiscutible para Rivera tras la crisis catalana y la aplicación del artículo 155. Su falta de complejos para exigir desde el primer momento la respuesta constitucional del Gobierno al golpe de Estado de la Generalitat y el compacto discurso de la líder de la formación naranja en Cataluña, Inés Arrimadas, que se consolida como única alternativa al secesionismo, son «intangibles» ante los que el PP no ha sabido dar respuesta. De hecho hay voces internas que reprochan en privado que no se haya dado un volantazo ante los comicios del 21 de diciembre colocando en la candidatura popular a la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, con mejores opciones, en lugar de Xavier García Albiol, al que los sondeos hunden en la quinta plaza. Para combatir los malos pronósticos, Albiol ha endurecido su discurso y se dejará arropar en campaña con la repetida presencia del presidente Rajoy.

Que Rivera parece haber encontrado el rumbo adecuado es ya una conclusión asumida en Génova, donde no dejan de recibir quejas de sus barones. En concreto, el más poderoso de ellos, el gallego Alberto Núñez Feijóo, ha exigido claridad en el cómputo para la financiación vasca y ha llegado a reclamar que el sistema «debería ser explicado por Rajoy al resto de Autonomías». Otra región gobernada por los populares, Castilla y León, ha pedido por boca de su consejera de Economía, Pilar del Olmo, que se cumpla con el principio de solidaridad.

Al coro de dirigentes territoriales «escamados» con el concierto vasco, que incluye a las Comunidades de Murcia y La Rioja, se han unido los socialistas, cuyos presidentes de Andalucía, Comunidad Valenciana, Asturias y Aragón han evidenciado su malestar por el voto a favor de Pedro Sánchez, sin mayores explicaciones, a la propuesta de Íñigo Urkullu.

Algunos dirigentes populares ya habían alertado sobre las nefastas consecuencias de no explicar bien el apoyo al cupo. De hecho, cuando La Moncloa y Ajuria Enea pactaron en mayo pasado el grueso del acuerdo, a falta de los flecos que se acordaron en las últimas semanas, algunos diputados advirtieron de que el discurso de defensa de los ciudadanos frente a los territorios lo iba a capitalizar Rivera en el Congreso, convirtiendo el trámite parlamentario en un auténtico trago para los populares precisamente en un contexto de malestar ciudadano por los abusos nacionalistas. Y se lamentan de que ni siquiera la posición de Rivera les ha permito el contradiscurso de que el cupo está refrendado por la Constitución ya que Ciudadanos siempre ha defendido el «constitucional» Concierto Económico pero no «el cálculo» que se ha hecho, al que han calificado de «amaño».

Contra las posiciones de Moncloa también surgen voces en el partido contrarios a la «bilateralidad» con que se negocia este modelo por el que el Estado abonará 1.300 millones de euros anuales, que pulveriza el objetivo de vertebración entre todos las regiones que conforman España.