Díez vs. Rajoy: ¿cuándo nacieron las diputaciones provinciales?

La Constitución de Cádiz las crea en su Título sexto, concretamente en el Capítulo segundo, que lleva por nombre «Del gobierno político de las provincias y de las Diputaciones provinciales» . El artículo 325 de esta Constitución dice que «en cada provincia habrá una Diputación llamada provincial, para promover su prosperidad, presidida por el jefe superior», que, según el artículo 324 , será nombrado por el Rey.

El régimen absolutista que impone Fernando VII en 1814 acaba con todas las diputaciones provinciales y centraliza todo el poder del estado en la voluntad del Rey . Durante el Trienio Liberal que comienza en 1820 vuelven a aparecer la diputaciones, pero en 1923 los absolutistas Cien Mil Hijos de San Luis las vuelven a enterrar. Estas instituciones no volverían a gobernar las provincias españolas hasta el reinado liberal de Isabel II , cuando por fin reaparecen para quedarse.

El presidente Rajoy , por su parte, se refería a esta segunda etapa y a Javier de Burgos , el político autor de la división territorial que desde entonces ordena el gobierno de nuestro país. En noviembre de 1833, un par de meses después de la muerte de Fernando VII, siendo Reina Isabel II y regente su madre María Cristina de Borbón Dos Sicilias , De Burgos, entonces secretario de Estado de Fomento, organizó el país en 49 provincias. Ahora son cincuenta porque en las Islas Canarias hay dos donde antes sólo había una.

¿Qué competencias atribuía a las diputaciones la Constitución de Cádiz de 1812? Según su artículo 335 . «Tocará a estas Diputaciones:

Primero . Intervenir y aprobar el repartimento hecho a los pueblos de las contribuciones que hubieren cabido a la provincia.

Segundo . Velar sobre la buena inversión de los fondos públicos de los pueblos y examinar sus cuentas, para que con su Vº. Bº. recaiga la aprobación superior, cuidando de que en todo se observen las leyes y reglamentos.

Tercero . Cuidar de que se establezcan Ayuntamientos donde corresponda los haya, conforme a lo prevenido en el art. 310.

Cuarto . Si se ofrecieren obras nuevas de utilidad común de la provincia, o la reparación de las antiguas, proponer al Gobierno los arbitrios que crean más convenientes para su ejecución, a fin de obtener el correspondiente permiso de las Cortes. En Ultramar, si la urgencia de las obras públicas no permitiese esperar la resolución de las Cortes, podrá la Diputación, con expreso asenso del Jefe de la provincia, usar, desde luego, de los arbitrios, dando inmediatamente cuenta al Gobierno para la aprobación de las Cortes. Para la recaudación de los arbitrios, la Diputación, bajo su responsabilidad, nombrará depositario, y las cuentas de la inversión, examinadas por la Diputación, se remitirán al Gobierno para que las haga reconocer y glosar y, finalmente, las pase a las Cortes para su aprobación.

Quinto . Promover la educación de la juventud conforme a los planos aprobados, y fomentar la agricultura la industria y el comercio, protegiendo a los inventores de nuevos descubrimientos en cualquiera de estos ramos.

Sexto . Dar parte al Gobierno de los abusos que noten en la administración de las rentas públicas.

Séptimo . Formar el censo y la estadística de las provincias.

Octavo . Cuidar de que los establecimientos piadosos y de beneficencia llenen su respectivo objeto, proponiendo al Gobierno las reglas que estimen conducentes para la reforma de los abusos que observaren.

Noveno . Dar parte a las Cortes de las infracciones de la Constitución que se noten en la provincia.

Décimo . Las Diputaciones de las provincias de Ultramar velarán sobre la economía, orden y progresos de las misiones para la conversión de los indios infieles, cuyos encargados les darán razón de sus operaciones en este ramo, para que se eviten abusos; todo lo que las Diputaciones pondrán en noticia del Gobierno».