Las denuncias de los jueces cercan a Sánchez ante Europa

La decisión de pedir explicaciones al Ejecutivo de Sánchez la ha tomado el Grupo de Vigilancia del Parlamento Europeo responsable de evaluar las posibles amenazas contra la democracia , el Estado de Derecho y las libertades fundamentales en los 27 países de la UE. Lo hizo a instancias de los representantes del Grupo del Partido Popular Europeo (PPE) en este órgano. En la anterior reunión, el eurodiputado del PP Javier Zarzalejos ya había solicitado la discusión formal de esa queja.

Según informó el PP europeo, la carta será enviada en las próximas semanas al Gobierno español y, en función de la respuesta que reciba, el Grupo de Vigilancia decidirá qué pasos dar. De esta forma, el Grupo de Vigilancia sobre el Estado de Derecho podría proponer a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior del Parlamento Europeo que tome diferentes medidas , entre ellas redactar una resolución del Parlamento Europeo sobre este tema, mantener reuniones con las asociaciones de jueces que han presentado la denuncia «o enviar una misión de investigación a España».

Zarzalejos avisa de que «pese a las advertencias de la Comisión Europea al Gobierno de Sánchez, sigue existiendo el riesgo de que continúe con sus intentos de socavar la independencia judicial. Por ello, es pertinente el envío de esta carta al gobierno como un primer paso para hacer una evaluación en profundidad de este desafío».

Precisamente, las asociaciones judiciales volvieron a insistir ayer en la necesidad de un Poder Judicial independiente libre de injerencias del Ejecutivo y Legislativo. Lo hicieron en la entrevista que sus representantes mantuvieron con los delegados de la Comisión Europea en el marco del informe anual que este órgano elabora sobre la calidad del Estado de Derecho en los países miembros de la Unión.

Durante algo más de una hora, y en presencia de dos funcionarios de la Dirección General de Justicia de la Comisión que se limitaban a tomar notas, los firmantes de esa carta –la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente– hicieron especial hincapié en la necesidad de modificar con urgencia el sistema de elección de los doce vocales de procedencia judicial que integran el CGPJ (los otros ocho son juristas) para que sean elegidos por sus propios compañeros en vez de por los partidos. Para estas asociaciones, es el sistema de nombramiento actual el que favorece las injerencias políticas y la percepción de una justicia dependiente del poder político.

Durante la intervención, de alrededor de diez minutos, de cada representante de las cuatro asociaciones judiciales –también estuvo presente Jueces para la Democracia (JJpD)–, los portavoces insistieron en esta idea vinculándola a la paralización de la renovación del Consejo por falta de acuerdo entre los principales partidos. Así, según fuentes presentes en el encuentro, dos de las asociaciones (Francisco de Vitoria y Foro Judicial) defendieron la necesidad de llevar a cabo este cambio en el sistema de elección antes de la renovación del actual Consejo, que podría retomarse después de las elecciones. Temen que una vez que se renueve el órgano de gobierno de los jueces, las promesas de esa reforma caigan en saco roto. Creen que el momento tiene que ser ahora, que es cuando Europa ya ha dado un toque de atención a España por reformas como la que pretendía rebajar las mayorías parlamentarias en la elección de los doce vocales jueces y que el Gobierno de Sánchez se vio obligado a retirar tras el toque de atención de Bruselas.

Según ha podido saber ABC de las fuentes antes citadas, en la reunión de ayer también se expresó la preocupación por las intromisiones del Poder Ejecutivo en resoluciones judiciales, lo que perciben como un ataque a la independencia judicial.

En la reunión se abordaron también iniciativas legislativas como la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr), que deja la investigaciones penales en manos del fiscal en vez del juez instructor, la ley de eficacia organizativa o la digitalización, un aspecto en el que la representante de JJpD señaló las dificultades para que todos los ciudadanos accedan en igualdad de condiciones a la Justicia. Sobre la LECr, los jueces no ocultaron su preocupación por el cambio de modelo procesal sin «blindar» antes a los fiscales frente a posibles injerencias del Ejecutivo.