Delgado, víctima de la misma huelga que secundó contra Catalá

Todo apunta a que ni Delgado ni su equipo ministerial serán capaces de impedir la huelga de la justicia convocada para el próximo 19 de noviembre. Lejos queda ya el entusiasmo con el que se recibió su nombramiento como ministra de Pedro Sánchez el pasado junio, cuando hasta el portavoz de la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Celso Rodríguez, mostraba su confianza en la sensibilidad de Delgado para atender las demandas de jueces y fiscales «teniendo en cuenta que ella las ha vivido en primera persona».

Lo cierto es que el paso del tiempo no ha hecho más que ahondar en la herida abierta con el Ministerio , de cuya falta de receptividad se quejan todas las asociaciones, incluida aquella -la UPF- desde la que no hace tanto Delgado defendía lo que hoy sus compañeros - los que la encumbraron al Consejo Fiscal- siguen reclamando: refuerzo de la independencia judicial, más medios personales y materiales, revisión del modelo de oficina judicial, implantación de cargas máximas de trabajo, mejoras retributivas o autonomía presupuestaria, entre otras medidas.

En un comunicado conjunto, las asociaciones recordaban ayer que tras el «desprecio y dejadez» del anterior Gobierno, que se saldó con la huelga del 22 de mayo, secundada por la mitad de ambas carreras, «ofrecimos a la nueva titular del Ministerio colaboración y lealtad, si bien le manifestamos que tales ofrecimientos no eran una carta blanca y que nuestras peticiones seguían intactas (...). Tras diversas reuniones, una vez expirados los plazos dados por ambas partes para tener respuestas concretas, todo continúa igual. La Justicia sigue denostada», sostienen jueces y fiscales, que recuerdan que no hay partidas para ellos en los presupuestos de 2019.

A ello se suma que la constitución de la Mesa de Retribuciones «se ha intentado subvertir en un organismo burocrático vacío de contenido, con una clara finalidad obstructiva y nada práctica cuando, precisamente, debería ser lo contrario».

Tras conocer el comunicado de jueces y fiscales, Justicia convocó para mañana a los representantes de las siete asociaciones para abordar la cuestión de las retribuciones y de la huelga . Sin embargo, la celebración de esta reunión no está garantizada: tanto Francisco de Vitoria como la Asociación Profesional Independiente de Fiscales quieren del Ministerio una propuesta clara y concreta como condición para acudir a este encuentro.

En declaraciones a ABC, los convocantes desvinculan esta huelga del color político del Ejecutivo, como muestran los hechos: se trata de dos gobiernos distintos. «Es un principio de coherencia elemental», dicen. Su decepción con Delgado y con su equipo (el secretario general del Ministerio de Justicia, Antonio Viejo , era hasta hace unos meses decano de los jueces de Madrid) es mayúscula.

«Entendimos que con el cambio de gobierno no era necesario empezar de cero porque la ministra era conocedora de nuestras reivindicaciones. Teníamos mucho ganado», señala Celso Rodríguez, portavoz de la asociación mayoritaria de jueces. Sin embargo, desde la reunión a la que se les convocó en vísperas de vacaciones, el 23 de julio, no han obtenido respuesta alguna por parte del Ministerio.

Y aunque ha habido «tímidos avances» en cuestiones como los permisos o licencias o la vuelta al modelo de Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) anterior a Ruiz-Gallardón -cuestiones que se han plasmado en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que ahora está en el Senado-, la primera «contrariedad clara» ha sido la negativa a modificar el sistema de elección de los vocales del CGPJ para que los doce de procedencia judicial sean elegidos por los propios jueces.

Los togados también reclaman que el órgano de gobierno de los jueces ampare de forma efectiva a los miembros de la carrera judicial de cualquier ataque recibido que afecte a su independencia, acoso como el que ha sufrido en los últimos meses el juez del Tribunal Supremo e instructor del 1-O Pablo Llarena.

Entre las medidas que garanticen la apariencia de imparcialidad del Poder Judicial, solicitan también la motivación de los nombramientos y la supresión de la figura del magistrado autonómico, designado por los tribunales de las comunidades autonómas y que juzga causas que afectan a aforados. Esta supresión fue objeto de una enmienda del Grupo Popular el pasado mes. No salió adelante porque los demás grupos se negaron a apoyarla.