Delgado pierde el control del Consejo Fiscal tras el castigo de la carrera a su política de nombramientos

Delgado ha perdido el control del Consejo Fiscal al quedar su asociación afín, la Unión Progresista de Fiscales (UPF), con dos de los cuatro vocales que tenía, cuyos votos, junto con el respaldo de los dos miembros natos (la jefa de la Inspección, María Antonia Sanz Gaite y el de la teniente fiscal, María Ángeles Sánchez Conde) habían resultado determinantes para colocar a sus afines en la Junta de Fiscales, la cúpula del Ministerio Público.

Esta política de nombramientos, junto con su gestión del caso Stampa o la paralización de la Comisión Ética de la Fiscalía tras el descalabro también de sus asociación afín, ha pasado factura a Delgado. Tanto es así que la carrera se ha volcado con la Asociación de Fiscales (AF), cuyos seis candidatos han entrado en el órgano sumando uno a los vocales que ya tenía. La novena plaza en liza es para el presidente de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), Salvador Viada, uno de los perfiles más combativos con la gestión de la fiscal general desde que aterrizó en Fortuny hace ya más de dos años. Resulta significativo el hecho de que contando apenas con 50 afiliados, la carrera le haya dado tal respaldo (552 votos) que le sitúa a una distancia significativa respecto al primer elegido de la UPF, Santiago Mena, con 498 votos.

El Consejo Fiscal, órgano que además de en los nombramientos, participa, entre otros asuntos, en informes de anteproyectos, queda así con seis vocales de la AF (Jorge Andújar, María Isabel Gómez, Eva María Más, Miguel Rodríguez, Roberto Valverde y Beatriz Sánchez) dos de la UPF (Mena y Rocío Ortiz) y el de APIF (Viada). Aunque hace apenas unas semanas Delgado ya renovó plazas clave en la cúpula fiscal con críticas al favoritismo con afines de su asociación, al menos hasta que finalice su mandato el nuevo Consejo Fiscal escrutará cada uno de sus movimientos.

Ya hace meses que se viene percibiendo el desgaste de la fiscal general incluso dentro de la asociación en la que la propia Delgado 'militaba' hasta que pasó a ser ministra de Justicia de Pedro Sánchez, la propia UPF. Y buena prueba de ello es el escrito que hace unos días suscribió la mitad de la Junta de Fiscales (el sanedrín de la carrera) pidiéndole que reaccionara ante la enmienda que el Grupo Socialista introdujo por la puerta de atrás en la reforma de la Ley Concursal, una enmienda con la que además de premiar a la fiscal general con un ascenso tras su cese, deja desnudo al Ministerio Público en investigaciones sensibles al prever que informe del curso de las mismas al Gobierno. «El establecimiento de una obligación para el fiscal general del Estado consistente en informar al Gobierno, incluso por propia iniciativa, sobre los asuntos de especial trascendencia que por su naturaleza y relevancia deba conocer representa inequívocamente un reforzamiento de la relación de dependencia del Fiscal General del Estado respecto del Gobierno, y con ello de la propia institución, a la par que una quiebra importante de la autonomía y de la independencia respecto a aquel, lo cual es absolutamente incompatible con el modelo constitucional de Ministerio Fiscal«, señalaba esa carta. Entre los firmantes, había tres fiscales de sala de la UPF, una de ellas la exfiscal general del Estado María José Segarra.