La mitad de la cúpula fiscal se planta contra la reforma del PSOE por atentar contra su independencia

Hasta 16 fiscales de Sala del Tribunal Supremo han firmado un documento de cuatro páginas para plantarse contra la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) que impulsa el partido de Sánchez y Delgado para, entre otras cosas, que el Gobierno pueda exigir al máximo responsable de la Fiscalía General del Estado que le informe directamente sobre asuntos judiciales «de especial trascendencia» .

Los firmantes, que suman la mitad de la máxima categoría de la Carrera Fiscal, recuerdan que esta reforma socialista incluye aspectos que «afectan de manera relevante a principios orgánicos y funcionales absolutamente básicos para el funcionamiento» del Ministerio Fiscal.

Y advierten de que tanto la forma como el contenido de esta iniciativa del PSOE «no son asumibles» . Ya de entrada porque la legalidad vigente, tanto la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) como el propio estatuto de la Fiscalía, exigen que un cambio normativo tan importante en esta institución cuente con el correspondiente informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Consejo Fiscal. Sin embargo, «no existe constancia alguna de que uno y otro órgano hayan sido consultados», explican los 16 firmantes en este documento.

Además, recuerdan que el PSOE impulsa esta reforma aprovechando un proyecto de ley «que nada tiene que ver con las cuestiones estatutarias, orgánicas o funcionales del Ministerio Fiscal», ya que lo ha hecho sirviéndose de la tramitación de la ley concursal, que no guarda ninguna relación con una reforma de ese calado.

Pero, sin duda, lo más grave de lo que advierten estos 16 fiscales de la máxima categoría es que la reforma que pretende el PSOE «representa inequívocamente un reforzamiento de la relación de dependencia del fiscal general del Estado respecto al Gobierno». Algo que, según los firmantes, supone una «quiebra importante de la autonomía e independencia» de esta institución que es «absolutamente incompatible con el modelo constitucional del Ministerio Fiscal».

Y es que la reforma socialista prevé modificar el artículo 9.2 del Estatuto Orgánico del Ministerio Público para implantar una nueva redacción que ha provocado esta reacción en la cúpula de la Carrera Fiscal. La propuesta del PSOE impone que «el fiscal general del Estado informará por escrito al Gobierno» a petición propia o cuando éste así se lo exija «sobre la actuación del Ministerio Fiscal en aquellos asuntos de especial trascendencia en los que intervenga y que por su naturaleza y relevancia deba conocer».

Los fiscales que suscriben esta carta advierten de que esa «obligación para el fiscal general del Estado, incluso por propia iniciativa», concede al Ejecutivo de turno un «acceso extraprocesal que le permitiría conocer de primera mano el contenido de procedimientos judiciales e investigaciones especialmente sensibles, particularmente penales, a las que nadie que no sea parte del proceso debe tener acceso».

Aunque el texto no lo cita de manera expresa, asoma que el Ejecutivo tendría así información privilegiada y de primera mano sobre causas judiciales que pueden afectarle a él mismo o a sus adversarios políticos. Más si cabe en una circunstancia como la actual, con una fiscal general del Estado que fue nombrada para este cargo inmediatamente después de ser ministra de Justicia y diputada electa por el mismo partido que preside el Gobierno.

Por todo ello, estos 16 fiscales del Tribunal Supremo consideran que las modificaciones estatutarias con las que amenaza el PSOE son «inviables jurídicamente» . Y, en todo caso, recuerdan que la actualización del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal se debería abordar «en el contexto de una reforma más general que abarcase cuestiones estructurales» y con medidas «que alejen de una vez por todas las permanentes sospechas de intromisión y dependencia» de la Fiscalía General del Estado respecto al Gobierno de turno.

Por todo ello, estos fiscales de primera categoría dirigen dicha carta a la propia Dolores Delgado para que sea ella misma como fiscal general del Estado quien la remita al Congreso de los Diputados y al grupo parlamentario del PSOE, por ser el proponente e impulsor de esa reforma.

Entre los firmantes destacan dos exfiscales generales como Consuelo Madrigal y María José Segarra, la antecesora de Delgado. Además, la mayoría de ellos, hasta siete, no están asociados a ningún colectivo profesional. Otros seis son miembros de la conservadora Asociación de Fiscales (AF), pero también hay tres de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que pertenece la propia Dolores Delgado, como Javier Zaragoza, Fernando Rodríguez Rey y la mencionada Segarra. El resto son Pilar Fernández Valcarce, José Luis Bueren, José Ramón Noreña, Elvira Tejada de la Fuente, Fidel Cadena, José Miguel de la Rosa, Javier Huete, Manuel Moix, Jaime Moreno, Francisco Moreno, Pilar Martín Nájera y Rosana Morán.

Este no es el único frente que el PSOE y Dolores Delgado mantienen abierto en canal con los fiscales españoles. Otra de las polémicas que se enmarca en este mismo contexto afecta directamente a la propia Delgado. El Gobierno también ha incluido en esa reforma encubierta del EOMF una especie de ascenso por anticipado para que, cuando abandone su actual cargo al frente del la Fiscalía General, Dolores Delgado ascienda de forma automática a la máxima categoría , la de fiscal de Sala del Tribunal Supremo. Justo la misma a la que pertenecen los 16 firmantes del mencionado escrito de ayer.

Esta segunda derivada ha llegado ya a las instituciones europea s a través de la mayoritaria Asociación de Fiscales, que el pasado día 12 denunciaba la reforma del PSOE a medida de Delgado ante el comisario de Justicia, Didier Reynders, y la vicepresidenta de la UE para Valores y Transparencia, Vera Jourvá.