La Delegación del Gobierno en Madrid era consciente del «peligro» que suponía el 8-M, según la Guardia Civil

El informe obra en el sumario de actuaciones de la causa que se sigue contra Franco en el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid y podría ser la razón de la «pérdida de confianza» alegada por el Ministerio del Interior para cesar de forma fulminante al coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid , Diego Pérez de los Cobos, que no habría informado a sus superiores del contenido del atestado.

El documento, de 83 páginas, responde a la petición de diligencias librada por la juez Carmen Rodríguez-Medel tras imputar prevaricación al delegado del Gobierno. Se centra en analizar qué información tenía sobre la pandemia y cómo actuó de cara a las concentraciones y reuniones que estaban convocadas en la comunidad autónoma en los quince días previos al estado de alarma.

El atestado llega a esa conclusión tras estudiar los expedientes de comunicaciones de reuniones y manifestaciones gestionados en la delegación del Gobierno que fueron aportados a requerimiento de la juez. Destaca por «especialmente reseñable» el caso de los eventos que se desconvocaron, un total de 35, de las que 22 fueron canceladas por motivos sanitarios.

Una veintena de sus promotores han prestado declaración como testigos ante la Guardia Civil, que de la ronda de testificales la existencia de « llamadas telefónicas por parte de la Delegación del Gobierno a los convocantes de las manifestaciones con el fin de sondear su intención de cancelar las mismas ante la grave situación sanitaria generada por el Covid-19».

«En el caso de que la intención de los convocantes no fuera la de suspender las manifestaciones les instaban a ello mediante recomendaciones con la finalidad de que cancelaran las mismas y fueran los propios promotores quienes llevaran a cabo la oportuna comunicación de cancelación a la Delegación del Gobierno a través del envío de un correo electrónico», dice el informe, para añadir que en algunas de esas llamadas se « utilizaron expresiones imperativas para que los actos no se llevaran a cabo».

Sin embargo, nada se documentó. « La inexistencia de ningún tipo de registro de dichas llamadas telefónicas en los expedientes remitidos por Delegación del Gobierno, así como su especial interés en que fueran los propios asistentes los que llevaran a efecto la cancelación de las manifestaciones, hace considerar, por un lado, la posible intencionalidad en que las mismas no figuren en ningún registro oficial; y por otro, el amplio conocimiento de la Delegación del Gobierno de los riesgos que comportaba la celebración de las concentraciones».

En cuanto a las concentraciones que no fueron autorizadas, un total de seis, todas lo fueron por errores en los plazos de presentación de la comunicación por parte de los promotores, «a excepción de una que se pretendía efectuar en las inmediaciones del domicilio del Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Asuntos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, en la localidad de Galapagar (Madrid), por parte de una asociación de agricultores y ganaderos el día 14 de marzo de 2020.

Se denegó, conforme detalla el atestado, «haciendo un juicio de valor sobre los derechos fundamentales del honor, intimidad personal y familiara propia imagen, así como la inviolabilidad domiciliaria, ponderándolos con el derecho de reunión».

Al final, «entre los días 05 y 14 de marzo se han celebrado ciento treinta reuniones/manifestaciones sin que por parte de la Delegación del Gobierno se muestre ningún tipo de objeción a la celebración de las mismas», detalla el informe, que detecta «una diferente gestión, de unos expedientes de comunicación de reuniones y manifestaciones con respecto a otros».

Y esto, cuando, según la Guardia Civil, habida cuenta de la dependencia orgánica de la Delegación del Gobierno, «debería tener conocimiento de toda la documentación emitida» sobre el coronavirus, como el documento del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades del 2 de marzo colgado en la web del Ministerio de Sanidad.

En este sentido, el informe repasa actuaciones y comunicaciones de las que debían tener constancia, como la decisión del Gobierno de prohibir los vuelos directos desde Italia adoptada el 10 de marzo o la suspensión de los viajes del IMSERSO.

También declaraciones del responsable de el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que el 27 de febrero en una emisora nacional «confesaba que el virus puede haber circulado por Andalucía y eso sí sería un riesgo« o que el 4 de marzo afirmó que quienes tuviesen síntomas no debían acudir a la manifestación feminista del día 8. »Por tanto, el Gobierno ya conocía desde el mes de enero la gravedad real de la epidemia«, dice el informe.

Concluye en esta línea que «la Delegación del Gobierno tenía datos objetivos suficientes derivados de las circunstancias concretas en cada caso para haber ponderado bienes y derechos protegidos en la Constitución, contando con tales datos desde la primera semana del mes de marzo de 2020».

En este sentido, se fija en casos concretos que apuntalarían esta tesis. Fernando Simón dijo el día 6 de marzo al secretario del Consejo Evangélico de Madrid, Manuel Cerezo, que bajo ningún concepto se podía celebrar el congreso que tenían previsto llevar a cabo entre los días 19 y 21 de marzo.

«Ese congreso no se podía celebrar bajo ningún concepto por concurrir todas las circunstancias para ser considerado de alto riesgo para la propagación de contagios siendo un claro riesgo para los asistentes y la salud pública», trasladó a sus promotores dos días antes de que se celebrase en Madrid la marcha feminista.

El organizador del evento evangélico se negó inicialmente a suspender si no se le daba el argumento por escrito. Simón se comprometió a hacerlo y el 7 de marzo le envió un escrito firmado por la directora General de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad, Pilar Aparicio, «en que consta expresamente la recomendación de aplazamiento de eventos multitudinarios» por el Covid-19. Este documento ha sido requerido a Sanidad por la juez instructora en su última batería de diligencias.

El día anterior, en otra reunión en el Ministerio de Sanidad, tanto el ministro Salvador Illa como el propio Simón ya les habían avanzado que deberían suspender el congreso.

«Las manifestaciones aportadas en unión de la documentación anteriormente referida da razón de un profundo conocimiento de los riesgos de la enfermedad por parte de los responsables sanitarios, así como del control exhaustivo de la evolución de la misma, cuando menos con fecha 5 de marzo de 2020 y de cómo los mismos evidenciaron que el evento no se podía celebrar precisamente por los riesgos que comportaba la concentración de personas», dice el atestado.