La Delegación del Gobierno en Madrid conocía la gravedad del Covid pero no su peligro el 8-M

Es la línea argumental de los empleados de la Delegación del Gobierno en Madrid entrevistados por la Guardia Civil en el contexto de la causa que investiga al delegado, José Manuel Franco, por un presunto delito de prevaricación al haber permitido que esos eventos se celebrasen pese al riesgo de contagio .

El atestado concluye que en su departamento eran conscientes de los riesgos, al menos, desde febrero, pero no fue hasta el 11 de marzo cuando empezaron a moverse : Siguieron permitiendo las concentraciones, pero llamaron a sus promotores para disuadirles de celebrarlas.

Estos testigos pasarán la próxima semana ante la juez Carmen Rodríguez-Medel, instructora de la causa.

La Guardia Civil ha entrevistado a cuatro trabajadores de este área donde se tramitan las solicitudes de manifestaciones.

Una de las entrevistadas afirma que «a partir del 9 de marzo se empezó a tener en cuenta la prohibición por el virus covid-19» de este tipo de actos porque «el 8 de marzo se empezó a tener conocimiento de la situación sanitaria» . Dice que no le resultó extraño que la marcha feminista se autorizase «pero durante la semana del 2 al 8 escuchó al resto de sus compañeros y al director de su unidad que se avecinaba una situación de crisis».

Otra testigo pone el punto de inflexión el 11 de marzo, el día en que su jefe le comunicó que «debían llamar a los convocantes de las concentraciones pendientes de celebración a fin de sugerir a los mismos que suspendieran dada la emergencia sanitaria» . «Se les informó acerca de los problemas sanitarios derivados del Covid y los riesgos de celebrar reuniones y se les sugería que lo ideal era que suspendieran (...) dado que no les peden obligar a suspender».

Coincide con otro de los testigos de este departamento al destacar que «hasta la fecha no se habían realizado llamadas en ese sentido ». Se centraban en los que tenían ya permiso para reunirse entre el 11 y el 14 de marzo. En las fechas previas no hicieron nada similar y «no lo vio raro, porque la práctica habitual es que la Delegación del Gobierno no cancela prácticamente ninguna reunión y de haberlo hecho, abrían recibido recursos ». «Por eso mismo se llamó por teléfono», declaró. Un tercer compañero suyo en la Delegación dice que «si hubiera tenido más información hubiera pensado diferente» pero hasta el día 10 de marzo, no se vio la gravedad y se empezaron a realizar las llamadas.

Los dos técnicos de este área que han testificado en el último informe de la Guardia Civil tienen formación sanitaria. Su perspectiva es algo distinta. «A mediados de febrero ya había una conciencia real del problema del Covid-19. A partir de esa fecha se mantienen varias reuniones en este sentido en Delegación del Gobierno por las consecuencias que iba a tener (…). A mediados de febrero tuvo lugar una videoconferencia en la que se trató el tema del covid-19 desde la propia Unidad de Coordinación y ya se incluían medidas de higiene personal y de distanciamiento social a implementar», declaró uno de los técnicos.

Apuntó que «bajo su punto de vista y por cuestiones sanitarias, el 8M no se debería haber celebrado». Su compañero y testigo añade: «Faltaba conocimiento sobre la tasa de hospitalización, no se informaba de ello y también hubo una estrategia de no alarmar a la población , lo que consiguió que no se conciencia y no se protegiera. Al final, el no alarmar ha provocado justo lo contrario». A ellos no les pidieron opinión.

Dos responsables de este área conceden que «desde finales de enero y todo el mes de febrero, estuvieron recibiendo toda clase de instrucciones y protocolos acerca del Covid-19 » procedentes del Ministerio de Sanidad, ya que según explica una de ellas, de la Consejería del ramo de Madrid no llegaron comunicaciones.

Coinciden en que «en aquel momento no fue lo más oportuno» permitir las manifestaciones y «no era lo más adecuado». Una de ellas añade que con la información actual, se ve «totalmente descabellado» que se consintiera el 8M, pero «en fechas próximas» al evento «la información no era la misma y no se podían evaluar los riesgos».

La juez deberá decidir a la luz del atestado, si no se pudieron evaluar o directamente se obviaron.