Defensa cree que la nueva ley de explosivos deja «puertas abiertas» a los terroristas

La nueva ley se encuentra todavía en tramitación en el Congreso y pretende aplicar el último reglamento europeo para restringir el acceso y el uso indiscriminado de sustancias que pueden servir para fabricar explosivos caseros. El objetivo del Parlamento Europeo es armonizar las normas de acceso, venta, posesión y utilización de los citados materiales en los distintos Estados miembros, pero también la notificación de las transacciones que sean sospechosas . Y es en este último punto donde chocan las visiones de Defensa e Interior.

La redacción que Grande-Marlaska le ha dado al proyecto permite que los vendedores ejecuten transacciones sospechosas si 72 horas después de haber alertado de ello al Punto de Contacto Nacional no han obtenido respuesta. Defensa ve en ese plazo la puerta abierta que permitiría a grupos terroristas acceder a las sustancias si se producen problemas burocráticos o de retraso en las comunicaciones. Por ello, el equipo de Robles pidió a Interior que modificara esa redacción para no dejar ningún resquicio a los violentos.

La propuesta de Defensa fue que toda transacción sospechosa quede en suspenso hasta que sea autorizada por el Punto de Contacto Nacional. Sin embargo, el equipo de Grande-Marlaska la rechazó de plano. Según han confirmado a ABC distintas fuentes, Interior argumentó que si no existiera respuesta por parte de la Administración, se causaría «indefensión» y «perjuicio económico» al vendedor. A partir de aquí, defendió la necesidad de establecer un plazo temporal para limitar las consecuencias del silencio administrativo, y no buscó acercar posturas con Defensa como, por ejemplo, ampliando el plazo de las 72 horas, con el que ha llegado al Congreso.

Este no fue el único consejo del equipo de Robles desechado por Interior. Defensa remitió nueve advertencias sobre el anteproyecto y más de la mitad (cinco) fueron rechazadas . Entre ellas, que las negligencias en el almacenaje de este tipo de sustancias fueran incluidas como infracciones sancionables dada la peligrosidad que conlleva que se guarden de forma incorrecta. En este sentido, Defensa recordó que un almacenaje adecuado también dificulta el robo y garantiza la conservación de los materiales. Asimismo, aconsejó que cualquier novedad que se produzca en el almacenaje y estado de estos materiales debe ser de comunicación obligatoria e inmediata a las autoridades, porque puede implicar un «riesgo grave» de terrorismo o accidente.

Interior, sin embargo, no lo aceptó . Consideró que «el concepto de almacenaje» no es el objetivo de la ley, sino una actividad «implícita» en la posesión y el uso de las sustancias. También alegó que ya existe un real decreto (el 656/2017) que regula el almacenamiento de los precursores de explosivos y que «no se estima oportuno» establecer normas adicionales.

La Guardia Civil también remitió peticiones a Interior que han quedado en saco roto. Por ejemplo, que la ley estableciera un procedimiento de verificación de la licencia y la identificación del comprador cuando la venta de sustancias se realice de forma ‘online’ . El citado cuerpo expresó su preocupación porque el anteproyecto recoge las comprobaciones que debe realizar el vendedor cuando la transacción se produce de forma física, pero no menciona cómo se deben realizar en el caso de las compras ‘online’. No es un detalle no menor ya que el vendedor no puede comprobar la legitimidad de la documentación si la recibe simplemente escaneada y tampoco podría anotar en la licencia original las cantidades de las sustancias adquiridas. La Guardia Civil pidió, por tanto, a Interior que incluyera en la ley una fórmula determinada que permitiera realizar todas las comprobaciones oportunas, advirtiendo que un comprador que adquiriera todas las sustancias ‘online’ podría adquirir una cantidad superior a la consignada en la licencia o devolver ésta por fin de validez sin que constara que hubiera realizado compra alguna.

El Ministerio del Interior tampoco aceptó esta advertencia argumentando que cualquier procedimiento de envío debe «siempre» cumplir con lo requerido por la norma, aunque no haya una fórmula específica. Si el Congreso y el Senado no introducen enmiendas, la ley permitirá que sean los propios vendedores ‘online’ quienes fijen la forma de envío de la documentación, según sus capacidades técnicas.

Además de chocar por esta ley, Defensa e Interior se han enfrentado recientemente por otro proyecto, el referente a reforzar la lucha contra la financiación del terrorismo , también impulsado por el departamento de Grande-Marlaska. Tal y como adelantó ABC, este texto enfrentó a ambas carteras por el papel que debía jugar el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Defensa entendía que este servicio debía formar parte del grupo de autoridades que no necesitarán permiso judicial para consultar las titularidades de las cuentas y depósitos bancarios abiertos en España. Pero Interior se negó a aceptarlo argumentando que Inteligencia no es una autoridad ni servicio policial y que concederle el estatus de autoridad competente en la nueva ley supondría «desnaturalizar» sus funciones. El texto llegó a la Cámara Baja sin conceder al CNI el estatus de autoridad competente que reclamó Robles y también se encuentra en tramitación. Ambos episodios conforman los últimos encontronazos de dos ministros cuya mala relación se remonta a su etapa previa como jueces, sin que nada haga pensar que vaya a encauzarse.