La defensa de Pineda se aferra al caso Villarejo para evitar una condena por Ausbanc

El juicio, que se ha prolongado más de un año, está en su fase final estos días, cuando las acusaciones y defensas van enunciando sus informes finales. La defensa de Pineda, que terminará de exponer sus conclusiones el martes, se ha centrado en esta primera intervención en los vínculos entre el origen del procedimiento objeto de la vista oral y la actividad de Villarejo por cuenta del BBVA que investiga un Juzgado Central de Instrucción.

«El Estado solo puede intervenir legítimamente si respeta las reglas que él mismo se ha dado para intervenir. Si admitimos que el Estado a través de sus funcionarios puede actuar fuera de las reglas que limitan esa actividad, supone la supresión absoluta del Estado de Derecho y asumir y avalar esta conducta no aceptando este motivo de nulidad supone que es un brindis al sol», ha alegado el letrado Luis de las Heras.

De acuerdo a la instrucción del caso Villarejo, Pineda fue investigado por encargo del BBVA a las empresas del comisario con el objetivo de «controlar todos sus movimientos captando información que permita adelantarse a su estrategia y conocer irregularidades », de cara a reunir material que pudiera canalizarse en un procedimiento judicial posterior contra él.

El origen del caso por el que ahora se sienta en el banquillo, la «operación Nelson», se fragua en ese contexto, con una denuncia anónima que se confeccionó en el BBVA, tal y como la propia entidad ha reconocido, y que acabó en manos de la UDEF, presumiblemente, por intermediación de Villarejo. Es ahí donde la defensa de Pineda centra su argumentación, pues ve «inadmisible en un Estado de derecho que se asuma que eso es una investigación» en los términos previstos por la ley.

Sin embargo, tanto la Fiscalía como las acusaciones particulares y la popular que ejerce Podemos, sostienen con la jurisprudencia del Supremo en la mano, que la nulidad no estaría en ningún caso en la denuncia, pues «no es más que una notitia criminis». Se produciría en caso de vulneración de derechos durante la instrucción judicial y en este caso, entienden que no concurre ninguna y que el origen «no ha contaminado» el resto del proceso.

Conforme resumía el representante de la acusación popular Alejandro Gámez, la Fiscalía recibió las actuaciones de la UDEF y pidió dos informes más antes de presentar una querella en la Audiencia Nacional contra Pineda y Ausbanc. Fue allí, por orden judicial, donde se autorizaron las escuchas telefónicas a Pineda y su entorno que constituyen, junto a los emails y la documentación intervenida en los registros, el centro de la prueba contra él, otros miembros de Ausbanc y el presidente de Manos Limpias, Miguel Bernad.

Para la defensa de Pineda, por contra, «la Fiscalía lo que hace es asumir todo lo que la UDEF elabora para incorporarlo en su denuncia», en la que después se apoyó el juez instructor para autorizar las intervenciones telefónicas que le incriminan. Destaca en este apartado que sabían qué números pinchar precisamente, por «el aprovechamiento de la actividad parapolicial o policial delictiva» previa a la querella del Ministerio Público. «De no haber mediado esa causa primera no se habría podido fundamentar nunca el auto de intervenciones telefónicas», ha asegurado.

En su opinión, si no se acuerda la nulidad «lo que se manda es el mensaje de que cualquier ciudadano puede corromper a un funcionario público para que realice actuaciones dentro de su actividad reglada que luego puedan ser aprovechadas en un procedimiento» porque tal y como consta en la investigación sobre Villarejo en la Audiencia Nacional, «hubo una contratación por parte del BBVA a un comisario en activo, a cambio de precio, para investigar a Pineda y Ausbanc». «Es inadmisible», ha añadido.