Cae la cúpula de Meco por presuntos favores sexuales de presas a funcionarios

Según ha confirmado Instituciones Penitenciarias a ABC.es , los cargos que han «caído» por este escándalo son el director José Luis Cuevas, el subdirector de Seguridad y el administrador de la prisión y ha suspendido de empleo y sueldo a otro de sus funcionarios por «comportamientos inaceptables». A media mañana de hoy se ha conocido la suspensión de empleo y sueldo de otro funcionario, el segundo, por el mismo motivo. Fuentes del departamento que dirige Mercedes Gallizo han informado de que hay una investigación pendiente de la trama en la que algunos funcionarios podrían haber suministrado droga a las internas a cambio de favores sexuales. También está bajo sospecha si los funcionarios obtenían sexo de las mujeres del módulo de la prisión Madrid I (que está situada en el Ayuntamiento de Meco) a cambio de favores, como utilizar un teléfono móvil por ejemplo o dar alcohol a las internas. Sin embargo, no hay ningún indicio de que estos favores sexuales se produjeran a cambio de drogas, alega Prisiones, porque de haber tenido conocimiento de esos indicios se hubiera puesto el caso directamente en manos de un juez. «Se han observado comportamientos inaceptables, pero no delictivos», es la frase que repiten desde la Secretaría General.

Las mismas fuentes comunican que esa investigación servirá para depurar responsabilidades y ver hasta dónde llegan estos comportamientos inaceptables, que certifican son «individuales» y ya han sido «cortados de raíz». Por ello, matizan que «no afectan a la generalidad» de los funcionarios que atienden a las 614 presas del centro, el 80 por ciento de ellas acusadas de delitos de tráfico de narcóticos. Tras destituir a la cúpula de la cárcel, se ha puesto al frente del centro a un inspector, responsabilidad que ocupará hasta que culmine la investigación y se dilucide qué ha pasado con exactitud. «La información ha sido facilitada por los funcionarios» del centro

Preguntada por este delicado tema, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha puesto énfasis en la «reacción inmediata» de la Administración penitenciaria en este caso, donde han sido los propios funcionarios dentro del penal «los que han facilitado información de los hechos», que ya obran en poder de la Fiscalía General del Estado para determinar el alcance. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la «número dos» del Gobierno sí ha reconocido que hubo «comportamientos irregulares» entre el funcionariado, pero ha querido dejar claro que «la Administración penitenciaria es muy estricta con las normas de los centros y con el trabajo de los funcionarios, por lo que en este caso decidió cortar de raíz» con los hechos denunciados. «Se trata de comportamientos que afectan a una exigua minoría de funcionarios -ha defendido-. Los centros no tienen problemas de convivencia y se trata de un hecho excepcional», ha zanjado.