Gallizo deberá explicarlo en el Congreso

Según ha adelantado la portavoz del Grupo Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, está previsto que a lo largo del día de hoy el Grupo Popular formalice esta solicitud en el Registro del Congreso, ya que considera muy graves los hechos que se están investigando.

El sindicato de prisiones CSI-CSIF responsabilizó hoy a la secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, de los hechos ocurridos en la cárcel de Alcalá Meco donde han sido suspendidos de empleo y sueldo al menos dos funcionarios en el marco de una investigación sobre la posibilidad de que algunas reclusas mantuvieran relaciones sexuales a cambio de favores.

"La responsabilidad de lo ocurrido recae directamente sobre la Dirección del Centro Penitenciario y la secretaria general de Instituciones Penitenciarias (Mercedes Gallizo), que, pudiendo ser conscientes de estas circunstancias, inexplicablemente no han tomado las medidas necesarias para el buen funcionamiento del Centro Penitenciario, propiciando, con su inacción que el problema aumento hasta hacerse incontrolable", dice el sindicato a través de un comunicado.

A su juicio, "lo acaecido es consecuencia inequívoca de la desastrosa política penitenciaria, cuyo culmen es la unificación de escalas en el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, medida a todas luces contraproducentes e innecesaria y que tantos problemas está originando ante la ceguera de la administración".

Según informaron fuentes del Departamento que dirige Mercedes Gallizo, se ha destituido a la dirección de la cárcel Madrid I, en Alcalá Meco, y suspendido de empleo y sueldo a los dos funcionarios por "comportamientos inaceptables". Además, no hay ningún indicio de que estos favores sexuales se produjeran a cambio de drogas, en cuyo caso Prisiones hubiera puesto el caso en conocimiento del juez.

Prisiones ha abierto una investigación para depurar responsabilidades y ver hasta dónde llegan estos comportamientos inaceptables, que han sido "cortados de raíz". Asimismo, señalaron que son "individuales y no afectan a la generalidad" de los funcionarios que atienden a las más de 600 presas del centro.

Tras destituir al director, subdirector de seguridad y administrador de cárcel, se ha puesto al frente del centro a un inspector.