Sánchez culmina el «dedazo» de altos cargos que, por ley, debían ser funcionarios de carrera

Los perfiles de los designados para tan bien remunerados puestos muestran que un tercio de estas nuevas autoridades, muestran que un tercio de estas nuevas autoridades, siete en total, ha desarrollado toda o gran parte de su vida laboral como activistas o en la órbita de ONG, cinco han encadenado asesorías y diferentes responsabilidades en organismos públicos, mientras que del entorno de la docencia universitaria procederían cuatro, aunque solo dos son profesores titulares. Sin tener la cualificación A1 requerida, otros tres son funcionarios o lo han sido, -caso de Pere Navarro, jubilado pero revalidado a cargo de la DGT-, dos son periodistas, uno militar y otra, una jurista especializada del sector privado.

En los currículum es llamativa la falta generalizada de experiencia, precisamente, en el sector privado. Por ejemplo, en la web del Ministerio de Transición Ecológica, nada figura en ese sentido respecto de María Jesús Martín, que se encargará de Política Energética y Minas. Tampoco de Valvanera Ularqui, titular de la Oficina de Cambio Climático, cuya biografía solo refleja siete meses en un despacho de abogados entre 1998 y 1999. Por su parte, Patricia Lacruz, directora general de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud, suma desde 2002 puestos en «proyectos» y organismos sanitarios.

No es menos destacable que, en cuanto a su ubicación, la mitad de estas personas han sido llamadas desde enero a incorporarse a las cuatro carteras bajo control de Unidas Podemos, que a cambio de su apoyo a la investidura está exhibiendo así un margen de maniobra nunca visto. Obligada es la mención al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, que no ha logrado encontrar funcionarios de su gusto para ocupar cuatro de las cinco direcciones generales de su departamento, amén de los Institutos de la Juventud y de Mayores (Imserso) que dependen de él.

Entre otros argumentos, en el Real Decreto 139/2020 de 28 de enero que autorizó a recurrir a este conjunto de 24 externos -y que ha impugnado ante el Tribunal Supremo la Federación española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración (Fedeca)- se defiende que la labor que les va a encomendar Iglesias a los suyos puede precisar «de una experiencia y cualificación que no se corresponde» con la exigible a ninguno de los Cuerpos de funcionarios o que los conocimientos buscados «pueden no estar disponibles en el ámbito de la función pública». De modo que hay que ampliar los límites «a personas que puedan resultar idóneas» al margen del funcionariado. En el caso de la Dirección General de Derechos de los Animales, La Moncloa informa que su titular, Sergio García, tiene estudios técnicos en Escultura, es formador en redes y ha sido «integrante del equipo de comunicación» de ONG del tercer sector y de «Derechos de los Animales», que no se concretan.

A la titular de Igualdad , Irene Montero, le ha sucedido lo mismo con las dos direcciones generales de su organigrama. A falta de un funcionario adecuado a sus necesidades, para la de Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial ha nombrado a Rita G. Bosaho, auxiliar sanitario. Ella, junto a Sergio García y el titular del Imserso, Luis Alberto Barriga, graduado, son los únicos tres de este conjunto de nuevos cargos que no constan como licenciados, doctores o equivalente.

También ha tenido la misma dificultad Alberto Garzón, al frente de Consumo, que esta misma semana -en plena conmoción por los datos que avecinan una tragedia económica posterior a la pandemia- habilitaba a otro no funcionario para ocupar la segunda de ellas, Ordenación del Juego, una de las mejor retribuidas. El titular es Mikel Arana, su experiencia laboral más larga son 7 años y medio en el departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del gobierno vasco, también ha sido dinamizador de emprendimiento e interino en la UPV.

Cabe consignar que esta fórmula estaba aprobada para aplicarse a una dirección general más, que sería la número 25, precisamente la de Agenda Urbana y Arquitectura del Ministerio de Transportes que se acaba de entregar a Carnicero.

Desde el sindicato CSIF, mayoritario entre los funcionarios, su secretario de Acción Sindical, Francisco Lama, no duda en hablar de «abuso». «Se están cargando una figura súper técnica de la Administración... los directores generales son el alma de la Administración, y deben ser funcionarios de carrera porque es lo que garantiza la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones: su inamovilidad garantiza que ejerzan su tarea con imparcialidad y objetividad, independientemente del turno político... un cargo de libre designación, si no pasa por el aro, lo cesan», explica.

Dicho de otro modo, un nombrado a dedo «no muerde la mano que le da de comer». De ahí que el CSIF venga reclamando sin éxito, -y al inicio de la legislatura volvió a plantearlo a los Grupos Parlamentarios-, que estos puestos deben ser cubiertos no solo por funcionarios de carrera del máximo nivel, a los que la ley exige Subgrupo A1, sujetos a un duro proceso selectivo, sino además por concurso de méritos.

Sumar este personal externo supone un importante sobrecoste para las arcas públicas, que el PP enmarca en el engorde de la estructura de Gobierno emprendida bajo el mandato de la coalición Sánchez-Iglesias: paso de una vicepresidencia a cuatro, de 13 Ministerios con 65 asesores a 18 con 110... En palabras del portavoz adjunto del Grupo Popular y coordinador de asuntos económicos, Mario Garcés, «si una Dirección General es ocupada por un funcionario, él ya está en la Administración y sus retribuciones pasarán de unos 65.000-70.000 euros anuales, que ya estaban siendo atendidos, a unos 85.000... pero si el titular viene de fuera, ese coste de 85.000 euros será íntegramente nuevo, no se descontará de la factura funcionarial, y además hay que sumarle la seguridad social, otros 24.000 euros más». Total, alrededor de 110.000. Calculadora en mano, añadido este concepto, la factura de 2.131.370,3 euros apuntada al principio ascendería a 2.707.370,3 euros, cuando de haberse promocionado a funcionarios como directores generales la cifra a pagar en conjunto por sus ascensos sería de 432.000 euros. Conclusión, la diferencia es de 2,3 millones, lo que sube la cuenta gracias a esta maniobra.

Subraya el CSIF que la autorización legal para estas prácticas se remonta a 1997, pero que en 2015 el PP lo reflejó en la ley de Régimen Jurídico del Sector Público (artículo 66), y aunque con el actual Ejecutivo «ha proliferado en exceso» el nombramiento de directores generales no funcionarios, en tiempos de Mariano Rajoy también se aplicó. Serían, recuerdan sindicato y partido, unos nueve casos.