Cuando la Generalitat pedía cárcel por el asedio al Parlament

La congregación a las puertas de la sede de la Consejería de Economía de la Generalitat «no se trataba realmente de concentraciones pacíficas y tampoco de una protesta aislada» , argumenta la juez. Lamela explica, por ejemplo, que ni Sànchez ni Cuixart pidieron a la masa que seguía sus instrucciones «que no se violentaran los vehículos oficiales» de la comisión judicial, que quedaron destrozados. El asedio a los agentes estaba orientado, en definitiva, «a impedir la aplicación de la ley y las resoluciones dictadas como medio para impulsar el referéndum ilegal de independencia y con ello la proclamación de una república catalana, independiente de España».

Tras la orden de envío a prisión, la Generalitat y los partidos independentistas han considerado «exagerada» esta decisión y no han dudado en señalar que Sànchez y Cuixart se convertían así en presos políticos y víctimas de «un nuevo episodio de vergüenza democrática por parte del Estado español» , en palabras del conseller de la Presidencia, Jordi Turull. Unas concentraciones de cuestionable éxito a última hora de la tarde ayer y la petición a la UE de mediar en el caso coronaron la exagerada reacción de la facción independentista.

Una postura muy diferente a la que el Govern y el Parlamento catalán tomaron en 2013 para denunciar el asedio a la cámara el 15 de junio de 2011 por parte de más de 3.000 «indignados» del movimiento 15-M. Aquella tarde, varios diputados fueron vejados, insultados, agredidos y coaccionados violentamente para impedir el normal desarrollo del pleno previsto. Los «indignados» trataban de impedir su acceso al hemiciclo, donde se iniciaba el debate para aprobar los primeros presupuestos del Gobierno de Artur Mas , quien consiguió sacarlos adelante precisamente con el respaldo del PP. La imagen del presidente de la Generalitat, Artur Mas, y de la presidenta del Parlamento catalán, Núria de Gispert, llegando en un helicóptero de los Mossos d'Esquadra a la sede del hemiciclo, fue inédita. También lo fue que más de una treintena de diputados tuvieran que refugiarse en una comisaría de la Guardia Urbana próxima a la estación Norte a la espera de que pudieran trasladarles a tiempo en furgonetas blindadas. En esa ocasión, los Mossos sí actuaron cargando contra los manifestantes y deteniendo a varias personas.

Tras estos lamentables sucesos, el Parlament pidió tres años de cárcel para 20 de los manifestantes que participaron en el asedio al considerar que cometieron un delito contra las instituciones del Estado impidiendo la entrada de parlamentarios. La Generalitat pidió la misma pena para cuatro de ellos. Ambas instituciones, que actuaron como acusación particular, consideraban que los acusados retrasaron la entrada de los diputados y obligaron a modificar el orden del día, pese a que finalmente pudieron acceder y se pudo celebrar el pleno previsto. "Pese a que mayoritariamente los parlamentarios que acudieron a la sesión del día 15 de junio de 2011, pudieron acceder a su escaño, cambiando sus hábitos de transporte, la gran mayoría de ellos en medios inhabituales (vehículos policiales, helicópteros o protegidos por cápsulas policiales), lo cierto es que debieron recurrir a esas extraordinarias medidas de protección por el temor e impedimento de deambulación", recogía el escrito del Parlament.

En 2014, la Audiencia Nacional absolvió a 19 de los 20 acusados, lo que provocó la indignación de la Fiscalía y la Generalitat. El ministerio público, el Gobierno de CiU y la Cámara recurrieron el fallo y en marzo de 2015 el Supremo anuló la sentencia y condenó condenado a ocho de ellos a tres años de cárcel por un delito contra las instituciones del Estado. Los magistrados señalaron que el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho de reunión no pueden operar como elementos “neutralizantes” de otros derechos y principios indispensables para la vigencia del sistema constitucional. "Paralizar el trabajo ordinario del órgano legislativo supone afectar no ya el derecho fundamental de participación política de los representantes políticos y, en general, de los ciudadanos catalanes, sino atacar los valores superiores del orden democrático", declaró el Tribunal Supremo. El consejero de Presidencia de entonces, Francesc Homs, dijo que la sentencia concordaba "con el sentimiento mayoritario del pueblo de Cataluña”.