Pleno del CGPJ, presidido por Carlos Lesmes, en junio de 2018
Pleno del CGPJ, presidido por Carlos Lesmes, en junio de 2018 - ERNESTO AGUDO

Las Cortes se enfrentan al reto de «dignificar» el CGPJ tras el fiasco de 2018

La elección de vocales no partirá de cero: se cuenta con los 51 jueces seleccionados por la carrera

Madrid Actualizado: Guardar
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Medio año después de que haya vencido el mandato del actual Consejo General del Poder Judicial, y cuando la formación del nuevo Ejecutivo es ya cuestión de semanas, el órgano de gobierno de los jueces se enfrenta a una renovación que precisa de un gran pacto en el Parlamento. No será fácil y, además, llevará tiempo.

El pasado diciembre, el reparto de escaños en las Cortes era diferente al escenario que han dejado los comicios del pasado mayo y los protagonistas de esta renovación ya no tienen por qué ser los mismos. Así, si en aquel momento los dos principales grupos parlamentarios (PP y PSOE) dejaron a un lado sus diferencias y, en plena «guerra fría» tras la moción de censura a Mariano Rajoy, lograron negociar el reparto de vocales, en esta ocasión todo apunta a que Podemos, los independentistas y partidos de nueva irrupción como Vox querrán decir algo en la siempre delicada tarea de configurar el órgano del cual dependen los nombramientos de plazas clave en los tribunales de justicia.

Tras los resultados de las generales, la drástica pérdida de escaños por parte del PP ha dejado a los de Casado en una situación más débil para negociar, pero a la vez más fuerte para dejar esta renovación en punto muerto. Al fin y al cabo el actual Consejo tiene mayoría conservadora (que iba a reeditar el último acuerdo frustrado) y, sin embargo, el que salga ahora de las Cortes será de perfil progresista. De ahí que, más allá del sentido institucional, no haya en los populares una urgencia real para llevar a cabo la renovación.

El Grupo Socialista, por su parte, sí tiene interés en coger las riendas de la negociación, y precisamente por la importancia que este órgano supone en el engranaje del Poder Judicial, es probable que prefiera anteponer el acuerdo con el PP a los peajes que pudieran ponerle otros grupos parlamentarios. De ahí que, aunque el reparto de asientos en el Consejo no va a ser tan equitativo como en el de la frustrada renovación de diciembre, el PP seguiría teniendo amplia representación en el órgano.

Lo que parece claro es que Ciudadanos tampoco participará en esta ocasión en el reparto, al no compartir el sistema de elección de vocales del Consejo. El partido de Rivera quiere que los doce vocales de procedencia judicial (que ahora nombran Congreso y Senado sobre una lista previa de candidatos con avales de asociaciones judiciales o de los propios compañeros) sean elegidos por los propios jueces.

Ante un eventual bloqueo de la renovación por parte del PP en el Congreso, la última reforma de la ley del Poder Judicial estableció la posibilidad de que la cámara que esté en disposición de hacerlo, pueda renovar la mitad del órgano. El PSOE tiene mayoría en el Senado y con los votos de Podemos y de 19 senadores más podría proceder a la elección de diez de los veinte vocales que configuran el Consejo. Esta circunstancia evidenciaría el bloqueo de los populares y les pondría en una situación comprometida en un asunto que tradicionalmente ha requerido de grandes consensos.

«Exposición pública»

En cualquier caso no es este el escenario que está sobre la mesa y sí el entendimiento de todas las fuerzas políticas, al menos el de los dos principales partidos, dispuestos, según fuentes cercanas a ambos grupos parlamentarios, a «dignificar» el órgano de gobierno de los jueces después del «lamentable» espectáculo que supuso la ruptura del acuerdo alcanzado entre el exministro de Justicia Rafael Catalá y su sucesora, Dolores Delgado, el pasado otoño. «Transparencia no es exposición pública», señala una fuente próxima al grupo parlamentario popular en referencia a aquellos días. A punto de ultimarse el pacto para la renovación, el hoy reelegido senador Cosidó hablando del « control de la Sala Segunda desde atrás» lo hizo saltar por los aires en un momento en el que el Supremo estaba sumido en una profunda crisis por la gestión del caso de las hipotecas.

Precisamente, partiendo de ese error, en el ánimo de los grandes partidos está que la futura negociación se lleve a cabo con discreción y que, con visión de Estado, se instalen en el nuevo órgano perfiles más profesionales y menos políticos en lo que se refiere al cupo de juristas, que son ocho. En este sentido, así como en la anterior negociación se priorizó no vetar a los candidatos que propusiera la otra parte, ahora lo que se pretenderá será alcanzar el máximo acuerdo en todos. El hecho de que a última hora se «colara» en la lista de vocales el ponente de la sentencia de Gürtel, José Ricardo de Prada, es algo que no se entendió bien dentro de las filas populares. Tampoco convenció la elección del exsenador del PP y juez Manuel Guillermo Altava, por poner solo dos ejemplos.

En principio serán la mano derecha de Pablo Casado, Teodoro García-Egea, y el próximo ministro (o ministra) de Justicia quienes intenten llevar a buen puerto las negociaciones para evitar prolongar mucho más la siempre indeseable situación de un órgano en funciones.

Las conversaciones no partirán de cero, pues al menos en lo que se refiere a los doce vocales que corresponden al turno judicial ya no hay necesidad de que el presidente del Consejo, Carlos Lesmes, vuelva a abrir el plazo para que las asociaciones judiciales presenten sus candidaturas, según ha podido saber ABC de fuentes conocedoras del proceso de renovación. La lista de 51 candidatos que el Consejo presentó a las Cortes es plenamente válida al tratarse de un proceso independiente al de la elección de los juristas, que sí está vinculado a la actividad parlamentaria.

Ya había nombres

Entre esos jueces el PSOE ya había puesto sobre la mesa los nombres de Mar Serna, juez de lo Social que fue consejera de Trabajo de la Generalitat; Inmaculada Montalbán y Esther Erice, ambas expertas en violencia de género; y Ángel Ramón Arozamena y José María del Riego, magistrados de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Por parte del PP se daban como fijos Ángel Arozamena, también magistrado de la Sala Tercera del TS y Gema Espinosa, magistrada de la Audiencia de Barcelona, exdirectora de la Escuela Judicial y mujer del juez Llarena.