El Poder Judicial concluye que el nombre de la víctima de la Manada se filtró por «un fallo sistémico»

Entre las circunstancias aludidas, el informe señala la urgencia en la comunicación de la sentencia y la necesidad de la pronta divulgación de su contenido, dado el interés público y la trascendencia del fallo , que condenó a nueve años de cárcel a los cinco miembros de La Manada, acusados de abusar sexualmente de una joven de 18 años en un portal de Pamplona, tras una foche de los Sanfermines. La sentencia generó una oleada de protestas en las calles, lideradas por el movimiento feminista, por la ausencia de condena por agresión sexual, un delito que exige que el ataque sea con intimidación.

El carácter mediático del asunto explica, según la comisión permanente del órgano de gobierno de los jueces, «la inmediatez con la que la responsable de la Oficina Judicial fue requerida por el tribunal para efectuar el traslado de la sentencia a la Oficina de Comunicación apenas hubo sido notificada a las partes».

El análisis del CGPJ también apunta a la ausencia de medios técnicos que facilitaran la disociacíon de los datos y a la falta de medidas de seguridad adicionales que impidieran acceder al contenido íntegro de la resolución judicial del tribunal. Estas medidas podrían deshabilitar la consulta del documento y el acceso al texto sin disociación de los datos de la víctima del abuso.

La conclusión del órgano de gobierno de los jueces contrasta con el informe de la vocal María Victoria Cinto , que fue retirado del orden del día de una reunión de la comisión permanente en el pasado mes de julio. Según este análisis, la letrada de la administración de justicia del tribunal que dictó la sentencia tenía que haber eliminado la identidad de la víctima antes de trasladar la resolución a la Oficina de Comunicación. La vocal tenía previsto presentar ese informe, que fue retirado a la espera de ampliar la información.

Para evitar que vuelva a suceder, el CGPJ insta a los órganos judiciales y a las administraciones a adoptar las medidas necesarias para que las resoluciones se difundan en un contexto de seguridad técnica y de respeto a las normas de protección de datos. El Poder Judicial elaborará una guía de recomendaciones en este sentido.