El TS confirma que reunirse con la ilegal Batasuna no es delito
El Tribunal Supremo notificó ayer la sentencia que absuelve al lendakari Patxi López, y a su antecesor en el cargo, Juan José Ibarretxe, de un delito de desobediencia por los encuentros que mantuvieron con varios miembros de la ilegalizada Batasuna. Tales citas se produjeron en ... 2006, el año en que el Gobierno de Zapatero abrió un proceso de diálogo con ETA.
La resolución confirma el sobreseimiento de la causa dictado por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco por no ser los hechos constitutivos de delito; pero da la razón a las dos asociaciones (Foro de Ermua y Dignidad y Justicia) que ejercieron la acusación popular al corregir la decisión del tribunal vasco que les negó legitimación para solicitar la apertura del juicio oral en solitario. En ambas cuestiones, la Sala Segunda echa mano de la jurisprudencia para resolver los recursos y recuerda que éste es de obligado cumplimiento para juzgados y tribunales.
Orden necesaria
Respecto al sobreseimiento por ausencia de delito, la sentencia, de la que ha sido ponente Andrés Martínez Arrieta, recuerda que para que pueda hablarse de delito de desobediencia es necesaria «la existencia de una orden expresa que sea desobedecida». Más allá, y como ya señaló la Sala al rechazar una querella contra Zapatero por hechos similares, «sería un fraude constitucional que alguien pretendiese mediante el ejercicio de la acción penal (...) corregir la dirección de la política interior o exterior que la Constitución encomienda al Gobierno».
En cuanto a la legitimación de la acción popular para sostener en solitario la acusación, el Supremo aplica la ya famosa doctrina «Atutxa», que se complementa con la «Botín». La primera impide que la acción popular pida el enjuiciamiento cuando ni el fiscal ni la víctima acusan. Pero en los casos, como el de López e Ibarretxe, en los que no hay un perjudicado concreto, la acción popular tiene legitimación para acusar, aunque el fiscal no lo haga.
La sentencia cuenta con el voto discrepate de Alberto Jorge Barreiro, para quien la acción popular tiene siempre «la misma legitimidad» que las acusaciones particulares.
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