Conde-Pumpido: «La Fiscalía nunca vio responsabilidad penal en Trillo por el Yak-42»

El exfiscal general del Estado ha explicado que en relación a este siniestro ya se abrieron dos causas penales en la Audiencia Nacional: una sobre las identificaciones erróneas de los cadáveres (que se saldó con tres condenas) y otra sobre la contratación de la aeronave, procedimiento que fue archivado y en el que ya se había dirigido la acusación contra seis personas, ninguna de ellas el entonces ministro de Defensa Federico Trillo. «En ningún momento de la tramitación la Fiscalía a preció responsabilidad penal en Trillo», ha recordado Pumpido, quien considera que ya no es factible revisar este caso en el que las familias de las víctimas, además, ya han cobrado las indemnizaciones. Cuestión distinta, ha recalcado, es la responsabilidad moral que parece que el actual Gobierno ya ha asumido con la reunión de la ministra María Dolores de Cospedal con las víctimas.

Conde-Pumpido se ha referido también a la inminente sentencia del caso Nóos, para mostrar todo su «apoyo» al fiscal Pedro Horrach -a quien él mismo nombró para liderar la lucha contra la corrupción en Baleares-, y a su trabajo en esta causa, en la que si bien el Ministerio Público sí ha visto indicios contra Iñaki Urdangarín, no se han apreciado en ningún momento contra su mujer. «Cuando me fui de la Fiscalía (2011) no había base legal suficiente para ir contra la Infanta Cristina. Y este criterio se ha sostenido después» , ha dicho.

En este contexto, el exfiscal general no ha dejado pasar la oportunidad de criticar lo que ha llamado «privatización» de la justicia penal, en relación a la acusación formulada por Manos Limpias. «España es el único país de Europa en el que la justicia penal está privatizada. Aquí cualquier ciudadano, cualquier asociación, con cualquier finalidad, puede intervenir y sentar en el banquillo a una persona determinada». En este caso, una cuyo presidente ha estado en la cárcel (Miguel Bernad) «tomó la decisión de sentar a la Infanta en el banquillo». No obstante, se ha mostrado convencido de que el tribunal «tomará la decisión oportuna y más conveniente» y en cualquier caso ha adelantado que ante un hipotético recurso ante el Tribunal Supremo él se abstendrá porque tiene un conocimiento previo del caso.

Instructor de la causa abierta contra la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, Conde-Pumpido ha confesado que lamentó «de manera extrema» su fallecimiento (dos días después de declarar en el Alto Tribunal). «En aquella declaración la oímos para que pudiera dar su versión de los hechos y defender su inocencia, y se la escuchó con todo respeto», ha dicho. A su juicio, su fallecimiento no estuvo vinculado «al proceso ni a los medios», sino que se trató de «una cuestión de la naturaleza». Pese a ello, ha apuntado que la mera comparecencia de una persona ante un juez para responder de una denuncia «no debería tener las graves consecuencias que algunos le quieren atribuir». En este sentido, considera que la apertura del juicio oral es el momento oportuno para dejar un cargo porque «precipitarse en el momento en fase inicial del procedimiento, adoptar una decisión contundente en esos supuestos, puede ser contraproducente».

Respecto a los aforamientos, Conde-Pumpido se ha mostrado partidario de revisarlos al considerarlos excesivos, pero no de suprimirlos. Ha reconocido que hay países en los que no hacen falta, porque no sucede lo que sí se permite en España, que es que cualquiera que haya perdido un asunto en el Supremo se pueda querellar contra los magistrados que no le han dado la razón. En cualquier caso, aboga por dejar los previstos en la Constitución, que «cuanto menos se toque, mejor».

También considera esencial la reforma del sistema procesal penal para dejar la instrucción de las causas penales en manos de los fiscales y no de los jueces de instrucción, como sucede en el resto de Europa. «Es necesario agradecer a los jueces de instrucción los servicios prestados y jubilarlos con honores», ha ironizado. «España no puede seguir circulando por el lado contrario de la autopista por el que circulan el resto de países del mundo. Podemos defender labor del juez napoleónico, pero estamos en el siglo XXI. Nadie entiende nuestro modelo: es lento, ineficaz e inseguro, y mientras no se cambie, la justicia no funcionará».