¿Cómo deben actuar los funcionarios ante las órdenes ilegales de la Generalitat?

Para la celebración de la consulta, la Generalitat precisa de la colaboración necesaria de los funcionarios . El Ejecutivo catalán ha ofrecido garantías verbales a los sindicatos de que los trabajadores públicos «no se verán en una situación comprometida» si colaboran en el referéndum del 1-O . Sin embargo, la realidad apunta en sentido opuesto. Las últimas acciones legales emprendidas por el Gobierno de Mariano Rajoy ante el TC, deja sin sustento legal el pretendido referéndum. Frente a la ilegalidad de la consulta, ¿qué pueden hacer los funcionarios que reciban órdenes encaminadas a su celebración?

La respuesta la ofrece la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) , una organización que se define como «una nueva opción sindical para los trabajadores». Este organismo ha elaborado una guía titulada «¿Qué hago si recibo una orden que puede ser ilegal?». El folleto informativo, escrito en catalán y castellano, recomienda a los trabajadores públicos «cubrirse las espaldas» en estas circunstancias.

La primera acción que debe acometer un funcionario cuando alberga dudas sobre la legitimidad de una orden, es pedirla «por escrito » a su superior. De esta manera, «dejas constancia de tus dudas y puedes iniciar las actuaciones legales oportunas».

Si el superior insiste en el cumplimiento del mandato, la CSIF recomienda asesorarse. «Deja siempre constancia de que la orden te parece dudosa», apunta la organización. Este sindicato «alternativo» ofrece la posibilidad de «promover medidas cautelares» y suspender el cumplimiento ante órdenes manifiestamente ilegales, además de «reclamar daños y perjuicios» en los casos en que un trabajador público se encuentre antes esta tesitura.

En definitiva, para eludir el cumplimiento de una orden posiblemente ilegal, siempre se ha de dejar constancia de tus dudas y recogerlas por escrito. De esta forma, podrán emprenderse acciones legales contra aquellos que pretenden romper España sin la ley de su parte y frenar el despropósito jurídico orquestado por la Generalitat.