Las expresidentas de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes
Las expresidentas de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes - EFE

Imputados Aguirre, González y Cifuentes por financiación ilegal del PP entre 2003 y 2014

El juez de la Audiencia Nacional atiende la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que reclamaba la imputación a los expresidentes por siete delitos

MadridActualizado:

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón imputó ayer a las expresidentas de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes en la pieza de la trama Púnica que investiga la financiación irregular del PP regional por delitos de corrupción entre 2003 y 2014.

El magistrado atendió así la petición realizada por la Fiscalía Anticorrupción semanas atrás, que pedía la imputación de Aguirre por delitos continuados de cohecho, malversación de caudales públicos, falsificación de documentos, fraude, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad electoral.

Según el juez, el PP de Madrid financió de «forma opaca», las campañas electorales autonómicas del 2007 y 2011 y las generales de 2008, «ocultando» el «coste real» de las mismas y «eludiendo de forma continuada» las obligaciones de la Ley Electoral. Para ello los altos cargos de la Comunidad de Madrid elaboraron un plan para obtener fuentes de financiación para el partido.

El auto de imputación «arroja indicios racionales de que Esperanza Aguirre, desde su condición de candidata, presidenta del Gobierno regional y del PP madrileño, ideó la búsqueda de recursos, que financiaran las campañas que ella misma seleccionaba, y de que era la supervisora última de las sinergias entre sus consejeros de confianza, que impulsó con dicha finalidad». El magistrado añade que las campañas llevadas a cabo tenían como objetivo prioritario vigorizar su figura política y consolidarla como presidenta de la CAM».

Aguirre, presidenta de la Comunidad madrileña entre 2003 y 2012, declarará ante el juez el día 18 de octubre, mientras que Cristina Cifuentes, que ocupó el mismo cargo entre 2015 y 2018, lo hará el 1 de ese mismo mes. Ayer Aguirre aseguró a ABC que todo es «completamente falso», y que irá a declarar «con mucho gusto» para defender su inocencia. «Me he enterado por los medios de que el juez me cita a declarar como investigada en relación a una presunta financiación ilegal del Partido Popular de Madrid», señaló.

Esta citación se produce después de que Francisco Granados apuntara en declaraciones en el mismo caso Púnica a altos dirigentes del PP como conocedores de las presuntas irregularidades en la financiación de la formación popular. En concreto, el exconsejero señaló en estas declaraciones ante el juez a Ignacio González y Cristina Cifuentes como partícipes y responsables de dicha actuación irregular. En el caso de esta última, la investigación se refiere a su etapa como presidenta de la Asamblea de Madrid, y no a sus tres años en la Presidencia regional.

También fueron citados a declarar como investigados el expresidente de Indra Javier Monzón y la propia empresa jurídica. Monzón es en la actualidad presidente no ejecutivo de Prisa. El juez también imputa a exconsejeros de la Comunidad de Madrid como Manuel Lamela, Juan José Güemes, María Gádor Ongil o Borja Sarasola.Monzón, e Indra como empresa jurídica, declararán el 4 de octubre; Güemes y Lamela el 14. Borja Sarasola, por su parte, lo hará el día 1, al igual que Cifuentes.

García Castellón atribuye un «papel esencial» en la toma de decisiones sobre la financiación del partido a los colaboradores más estrechos de Esperanza Aguirre: el expresidente madrileño Ignacio González y el exconsejero Francisco Granados, además del exgerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez. González, que ya estaba siendo investigado en el caso Lezo, fue llamado también llamado a declarar tras la unión de las piezas de ambas causas sobre la contabilidad B del PP.

Un plan fraudulento

Según el auto de imputación, hay indicios que prueban «un plan para que fuesen los fondos públicos de nuevo los que abonasen fraudulentamente los gastos particulares del PP de la Comunidad de Madrid y los gastos electorales de las campañas electorales autonómicas de los años 2007 y 2011 y los comicios generales de 2008. En estos nuevos conciertos habrían desempeñado un papel decisivo el exgerente Beltrán Gutiérrez y los entonces consejeros Francisco Granados e Ignacio González, las personas que gozaban de una mayor confianza por parte de Aguirre en aquel momento.

La fundación del PP Fundescam, el instrumento empleado para dicho trasvase de fondos, estaba bajo la supervisión de Aguirre y el control directo de los consejeros investigados.

Así, en el escrito al que ha tenido acceso ABC se apunta a que todos los investigados en la pieza «se sirvieron de la circunstancia de que Fundescam era una organización adscrita al partido y por tanto gestionada por el mismo». Según García Castellón, Beltrán Gutiérrez, como gerente del partido, era la persona que controlaba directamente los gastos e ingresos de la fundación y la utilizaba como instrumento de desvío de fondos públicos a través de anuales subvenciones concedidas por la CAM».

Indicios de la UCO

Informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil entregados al juzgado en los últimos meses situaban a Aguirre en reuniones clave en las que presuntamente se habría negociado la financiación irregular de la formación popular durante las campañas de 2007, 2008 y 2011.

El informe presentado por la Fiscalía Anticorrupción ante el juez apuntaba a Esperanza Aguirre como la impulsora de un entramado ilegal para financiar al Partido Popular de la Comunidad de Madrid al menos entre 2003 y 2014. Según la investigación, la expresidenta del PP madrileño era entonces la responsable del partido de la región, la candidata de las campañas investigadas, la cotitular de las cuentas que satisfacían los gastos omitidos a la contabilidad oficial, y la presidenta y patrona de la Fundación Fundescam.

Además, el juez apunta a 2003 como el año en el que «los antiguos dirigentes del PP madrileño habrían elaborado un plan para obtener financiación para el partido, empleando la partida de publicidad para desviar dinero público a través de las adjudicaciones de las consejerías regionales».

El primer movimiento fraudulento se habría ideado en 2004 con el empresario Horacio Mercado, dueño de Over Marketing, a cuyas empresas se adjudicaron contratos de propaganda institucional de varias consejerías en «un intento de poner la partida de publicidad de cada consejería al servicio del partido».

Según el auto, «el plan preconcebido, impulsado desde presidencia y vicepresidenta con respaldo de otros consejeros, consiguió desviar entre los años 2006 a 2010 un flujo muy importante de fondos públicos» de diversas consejerías o de los entes públicos que estaban adscritos al Gobierno madrileño.

García Castellón asegura que la investigación arroja indicios de «la existencia de una caja B para pagar a proveedores de servicios electorales, que se nutría con ingresos de dinero en efectivo de procedencia desconocida, desatendiendo lo dispuesto en la ley de Financiación de Partidos Políticos, que recoge la obligación de ingresar la cantidad de las cantidades donadas en cuentas abiertas para dicho fin.

Asimismo, la investigación también recoge indicios del «uso indebido de la cuenta de funcionamiento del Partido para pagar de manera encubierta gastos electorales por un importe cercano a los 600.000 euros»; o «el pago por parte del Partido Popular de la Comunidad de Madrid de deudas contraídas con los proveedores de campaña cuatro meses después de la finalización de los comicios electorales por encima de los 800.000 euros».

Otra de las citadas por la Audiencia Nacional para declarar en calidad de investigada es Rosario Jiménez, quien hasta hace una semana era secretaria general de la Consejería de Medio Ambiente. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso la destituyó en el primer Consejo de Gobierno de toma de decisiones, el martes pasado. Cesaron entonces numerosos cargos de nivel medio y alto, también directores generales.

Con un calendario que incluye a un total de 43 personas, el magistrado relanza de esta forma la investigación del caso Púnica y, concretamente, de la pieza que indaga si el PP que presidió Esperanza Aguirre se financió ilegalmente en varias campañas electorales.