Rafael Catalá, ministro de Justicia
Rafael Catalá, ministro de Justicia - EFE

Catalá plantea regular el paso de jueces a la política

El ministro de Justicia quiere dotar de mayor transparencia algunos mecanismos para «romper vínculos» con la política

ToledoActualizado:

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha abogado por dotar de mayor transparencia algunos mecanismos del sector en España que pasen por «romper vínculos» con la política de cara a «mejorar la percepción de independencia» que la sociedad tiene del sistema.

Así lo ha puesto de manifiesto durante un desayuno informativo organizado en Toledo por el diario «La Tribuna», donde ha propuesto dotar de «mayor transparencia» el sistema de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial, así como «regular el trasvase de personas que puedan pasar de la judicatura a la política».

«Hoy los parlamentos autonómicos designan con una cuota a un magistrado. Ese sistema pudo tener sentido en el inicio de la democracia, pero no es necesario hoy», ha puesto como ejemplo.

En este sentido, ha defendido reformas en los estatutos que regulan el Ministerio Fiscal para que «pueda tener más autonomía y capacidad de decisión respecto al Poder Ejecutivo», reformas que están en la agenda del Gobierno.

Este extremo ha sido uno de los «seis ejes» que necesita el sistema judicial en España que Catalá ha desgranado durante su intervención.

En esta lista ha incluido la necesidad de aumentar los recursos para «fortalecer la seguridad jurídica» o conseguir «más agilidad» en el funcionamiento de la administración de la justicia mediante la potenciación del arbitraje o las reformas de las leyes de Enjuiciamiento Civil y Criminal.

Potenciar el uso de las nuevas tecnologías -que espera que estén implantadas en todos los partidos judiciales en el primer semestre de 2018- o conseguir mayores niveles de transparencia son otros de los retos que Catalá ha planteado para el futuro del sistema.

El ministro de Justicia ha incluido dentro de las reformas a acometer en el futuro la posibilidad de cambiar la normativa concursal, no vía cambio legislativo, sino elaborando un texto refundido que «ordene y sistematice la norma vigente del año 2003».