«El caso de Delgado es una puerta giratoria desdeñable, no aceptable en democracia»

¿Está amenazada la independencia del Poder Judicial?

Se están produciendo ataques muy serios a la independencia del Poder Judicial, con el fin de subyugar sus decisiones a fines políticos y sobre todo a planes políticos anunciados en la investidura del presidente del Gobierno.

Cuando el presidente del Gobierno dice que hay que desjudicializar la política, ¿usted qué entiende por eso?

Que quiere crear espacios de impunidad, eliminar el control judicial del poder político, algo por lo que se luchó a lo largo de todo el siglo XX para establecer que ningún acto político quedara fuera del control judicial. Es un principio básico en un Estado de Derecho. Lo que parece es que al presidente del Gobierno le molesta el Derecho y le molesta su aplicación a través de los tribunales.

¿Recuerda alguna situación parecida en los años de democracia?

Tengo ya muchos años de experiencia, y si tuviera que definir la situación actual en los pocos días que estamos ya ante un Gobierno habilitado, junto con los prolegómenos, sería que no se paran en barras. Se han roto límites, principios, no solo políticos, sino éticos y básicos en una democracia, de respeto a las instituciones.

¿Quién le preocupa más en ese sentido, Sánchez, Iglesias o Torra?

Es un conjunto. Primero estamos ante un presidente que para conseguir los votos necesarios y ser aprobada su investidura ha realizado una serie de pactos, algunos públicos y otros que se mantienen en privado pero los podemos imaginar. Por otro lado, tenemos a un presidente de la Generalitat que ya no debería serlo, como consecuencia de una decisión de una institución básica en un Estado, como es la Junta Electoral Central. Y por otro lado, tenemos un vicepresidente del Gobierno que hasta ahora no nos preocupaba lo que dijera, nos podía llamar la atención o incluso generar algún tipo de estupor cuando se refería a que en España hay presos políticos, que los jueces están politizados o son tenebrosos o pasados franquistas. Ahora estamos ante un vicepresidente del Gobierno que se permite el lujo y la desfachatez de humillar al Poder Judicial. Ha deslegitimado la labor del Tribunal Supremo, sobre la base de la falacia, de una manera hiperbólica. Es muy peligroso que desde una vicepresidencia del Gobierno se cuestione y se deslegitime al Tribunal.

Usted ha sido vocal del Poder Judicial y conoce el órgano por dentro. ¿Cómo debieron de sentar los ataques de Iglesias para responder con un comunicado tan contundente?

Las declaraciones de Pablo Iglesias merecieron esa respuesta por parte del Consejo General del Poder Judicial, que tiene como uno de sus fines proteger la independencia del Poder Judicial. Fue una decisión adoptada por unanimidad, que yo comparto plenamente. Es una decisión proporcional, educada, cortés. Lo único que pide a los políticos sin soslayar su derecho a la libertad de expresión es, por responsabilidad, mesura en sus declaraciones. Y yo añadiría: no faltar a la verdad, no intentar confundir a la opinión pública hablando de una corrección por parte del Tribunal Europeo cuando eso no se ha producido.

Dice que no hay humillación, ¿pero es normal que un prófugo como Puigdemont siga paseándose a sus anchas por Europa?

Yo entiendo que la gente no entiende lo que está ocurriendo con Puigdemont o Comín. La euroorden no ha sido entendida en su sentido literal por parte de los jueces belgas, y por eso animaría al Gobierno de la Nación a que, más que deslegitimar a los jueces españoles, se dedicara a provocar algún tipo de cambio en el seno de la Unión Europea. Debe haber plena confianza entre los países miembros y un reconocimiento mutuo de sus resoluciones judiciales.

Para Sánchez, el nombramiento de Dolores Delgado es impecable. ¿Para usted qué es?

Él habla de que su currículum es impecable. Yo no lo pongo en duda. También lo tengo yo. Y muchos juristas en España. Y Alberto Ruiz-Gallardón, número uno de su carrera de fiscal, y lo tiene Rafael Catalá, y José María Michavila y Ángel Acebes. Y yo pregunto qué opinaría el PSOE, la izquierda y los medios afines si el PP propusiera a fiscal general del Estado alguien que ha sido ministro de Justicia. En cualquier caso, una cosa es que tenga un currículum impecable, y otra muy diferente es que la persona en sí misma, por su pasado político, sea idónea para fiscal general del Estado. Hasta el martes era diputada por el PSOE. El lunes dejó de ser ministra de Justicia. Las formas son ya lamentables, pero el fondo también. El fiscal general del Estado debe ser un jurista de reconocido prestigio, con más de 15 años de ejercicio profesional, pero ha de ser una persona que genere una apariencia de imparcialidad. Yo no lo aceptaría, porque comprometería la imagen de ese puesto tan importante en democracia, aunque estuviera henchido de la mayor de las objetividades. No podría generar confianza. Delgado no puede generar esa apariencia de imparcialidad, objetividad e independencia que debe tener el fiscal.

El anuncio del nombramiento de Delgado como fiscal general coincide con su fichaje en el PP. ¿Cómo debe ser la relación entre la Justicia y la política, son compatibles?

Todavía no hemos sido capaces de resolver de forma adecuada la vuelta al ejercicio jurisdiccional o del ministerio fiscal de los jueces y fiscales que nos dedicamos a actividades políticas. Tenemos que reflexionar sobre ello y alcanzar un pacto. Lo que está claro es que a ningún juez o fiscal se le puede impedir realizar actividades políticas, lo que tenemos que estudiar es cómo acomodamos su vuelta al ejercicio de la actividad judicial y del ministerio fiscal, de tal manera que se elimine esa apariencia de parcialidad que tiene cualquier persona que ha estado bajo la disciplina de un partido. El nombramiento de Dolores Delgado es un caso de puerta giratoria absolutamente desdeñable, no aceptable en una democracia asentada en el principio de respeto de poderes del Estado.

¿Cree que el aval del Consejo del Poder Judicial a Delgado ha sido solo por imperativo legal?

El CGPJ no se ha pronunciado sobre su idoneidad para el cargo y siete vocales se han pronunciado además en contra, no idónea para el cargo. Esto quiere decir que el Consejo solo se ha pronunciado sobre el cumplimiento de los requisitos legales por 12 votos a favor. Estamos ante una candidata que pese a su currículum impecable, como tantos otros juristas, por haber sido diputada socialista y ministra hasta hace dos días genera una absoluta falta de apariencia de imparcialidad básica para este cargo. Por eso le pedimos al presidente del Gobierno que reflexione y se replantee su nombramiento y evite esta presión inadmisible para el Poder Judicial y la propia Dolores Delgado.

Pedro Sánchez confiesa que está encantado de reunirse con Torra. ¿Pero sigue siendo presidente de la Generalitat de Cataluña o no?

El señor Torra ha sido inhabilitado como diputado del Parlamento de Cataluña. El Estatuto de autonomía reza que el presidente de la Generalitat será elegido entre uno de sus miembros. Él ha dejado de ser miembro del Parlamento, y por tanto ha dejado de ser presidente de la Generalitat. El Parlamento debería de actuar en consecuencia. Veremos qué ocurre y desde el PP estaremos muy atentos. Realizaremos todas las acciones legales que quepan para el mantenimiento de la legalidad y de las decisiones de órganos tan importantes como la Junta Electoral Central. Lo que más llama la atención es que el presidente del Gobierno siga dándole un ámbito de legitimidad a un presidente autonómico inhabilitado. Esto es muy grave. Es un presidente del Gobierno renuente a reconocer la eficacia de las resoluciones en el ámbito de la Justicia. Es un signo de que existen pactos previos a la investidura que le condicionan.

¿Puede haber algún tipo de relevancia penal en el hecho de que Sánchez esté rehabilitando a Torra?

Estudiaremos todas las actuaciones que se deban hacer. Todas. Actuaremos en función de los acontecimientos que se produzcan y exigiremos el grado de responsabilidad en cada una de las acciones u omisiones que se realicen, en el Parlamento de Cataluña y en el Gobierno de la Nación. Estamos hablando de algo muy serio, de la defensa del Estado, y el PP estará ahí.

¿Es buen momento para abrir un diálogo con los independentistas?

El principio democrático tiene como elemento básico el diálogo entre los partidos. Pero antes de este principio está el de la legalidad y sometimiento a la ley. El presidente del Gobierno nos ha adelantado posibles actuaciones que tienen muchas dudas constitucionales, como es la mesa con el ofrecimiento de un referéndum, todavía no sabemos de qué ni cómo. Y esto genera inquietud.

¿Se puede convocar un referéndum solo entre los catalanes? Con Rajoy quedó claro que no era constitucional.

La Constitución es la misma que teníamos hace dos años. No permite un referéndum de esa naturaleza. Se puede acudir, evidentemente, a la vía de la reforma estatutaria. La otra forma de poder realizar un referéndum sería una reforma constitucional.

Uno de los objetivos del PP es reunificar el centro-derecha. ¿Usted estaría a gusto en una coalición con Vox?

Yo formo parte de un Gobierno en coalición con Ciudadanos, presidido por Isabel Díaz Ayuso, la cual tuvo la amabilidad de proponerme como consejero de Justicia, Interior y Víctimas. Yo estoy muy a gusto en esa coalición con un apoyo parlamentario de Vox. Muy a gusto. No encuentro ninguna tacha en el partido de Vox que lo convierta en un partido inconstitucional. Lo es quien afecta a la unidad de España, deslegitima la figura del jefe del Estado, el Rey, o está en contra de la Constitución. Vox está cumpliendo la Constitución, sin duda.