El PP quiere prohibir por ley que un político sea fiscal general del Estado

Los populares ven como un «escándalo» la propuesta de Sánchez. Fuentes de este partido señalan que con este gesto el presidente del Gobierno quiere demostrar que está dispuesto a todo para cumplir sus pactos con los independentistas , y que no le va a detener ninguna crítica.

«Jamás imaginamos que el Gobierno de Sánchez pudiera llegar tan lejos como para nombrar a Delgado, diputada número 5 del PSOE por Madrid, como fiscal general del Estado», aseguró García Egea, quien ve el nombramiento de esta fiscal general como «un regalo para los independentistas, que van a imponer sus criterios jurídicos ya que la demostrada parcialidad de Delgado será utilizada para debilitar al sistema judicial», explicó ayer el número dos del PP.

Fuentes del PP explicaron que la incompatibilidad para que un político sea nombrado fiscal general del Estado debería durar un tiempo prudencial, que calculan en cuatro años aproximadamente. Con esa medida, se conseguiría que «nunca nadie vuelva cuestionar la parcialidad» de la Fiscalía General del Estado , como ha sucedido en el caso de Dolores Delgado.

Después de que el Consejo General del Poder Judicial se dividiera a la hora de avalar su nombramiento, y evitara reconocer su «idoneidad» para el cargo, García Egea volvió a pedir ayer a la exministra a que renuncie por su falta de imparcialidad. A su juicio, de lo contrario no solo comprometerá al Gobierno de la Nación, sino al sistema judicial.

En este comienzo de legislatura, el PP no da tregua al nuevo Gobierno. Los populares han solicitado la comparecencia de la ministra de Exteriores, Arancha González Laya , para que explique la reapertura de tres oficinas de la Generalitat de Cataluña en el extranjero.

«El PP no va a tolerar que esta apertura de embajadas sea un pago de Sánchez a los independentistas por su investidura», advirtió el secretario general del PP. «Sobre todo cuando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña avala la postura del PP contra el cambio de criterio que ha tenido el Gobierno».

Además, el Grupo Popular ya tiene preparada una Proposición de Ley Orgánica en el Congreso para que los declarados rebeldes por haberse sustraído de la acción de la Justicia española sean declarados inelegibles y no puedan concurrir a unas elecciones. Así se evitaría que Puigdemont pueda presentarse a las elecciones autonómicas catalanas. «No puede aspirar a la función representativa, en el seno de un poder del pueblo español a través de la Constitución, quien se sustrae al Estado de Derecho que la misma configura», se subraya en la exposición de motivos.